Imagen: Tres integrantes de la UME buscan a los desaparecidos en el agua. / J. J. Guillén/Efe
Una de las primeras medidas del PP valenciano, cuando gobernaba junto con Vox tras las pasadas elecciones autonómicas, fue la de reducir la recaudación de presupuestos del impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Esta acción, que benefició a las rentas más altas principalmente, implicó una reducción de ingresos para las arcas públicas de unos 550 millones de euros anuales.
Según elDiario.es, una de las partidas que se vieron afectadas al reducir este impuesto fue la de las inversiones en “infraestructuras, encauzamientos, ramblas y barrancos” correspondientes a la Dirección General del Agua. En los presupuestos autonómicos del 2023, el Govern del Botànic dedicó una cuantía de 37,9 millones de euros, repartidos en diferentes años. Para el presente ejercicio, tan solo consignaron 19 millones de euros, un 49% menos.
En concreto, del total de la cuantía prevista por el ejecutivo liderado por Ximo Puig se consignaron para el año 2023 un total de 6,5 millones, mientras que en el caso del Consell de Mazón, el montante para 2024 es de 3,6 millones de euros. Entre las inversiones previstas por el presente ejercicio, destacan las actuaciones en zonas que se han visto afectadas por la DANA del 29 de octubre, como es el caso del barranco del Pozalet o de la presa de Buseo. En el primero, se prevé la “estabilización de cajeros barranco Pozalet (CV-410) en Aldaia, Alaquàs y Torrent” por valor de 420.000 euros. En el segundo, la “adecuación, consolidación, electrificación y Plan de Emergencias en la presa Buseo”, con 200.000 euros. También proyectos relacionados con el plan de reconstrucción de la Vega Baja, afectado por otra catastrófica DANA en 2019.
También se recortó en emergencias
Además de los recortes presupuestarios en obras relacionadas con encauzamientos, ramblas y barrancos, los presupuestos del PP y de Vox para el actual ejercicio incluyen drásticos descensos en todo lo relacionado con la gestión de las emergencias. Así, la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) en la que se integran los bomberos forestales baja de 70,1 millones en 2023 a 57,4 millones en 2024, una reducción del 18%. Además, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) baja de 97,7 a 94,8 millones de euros.
A ello, se suma que el actual gobierno autonómico tardó cuatro meses desde que asumió el poder en deshacerse de la Unidad Valenciana de Emergencias (UME), un organismo encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de orden meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos.
