La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha solicitado a la Diputación de Badajoz información adicional sobre el nuevo despacho que ocupa David Sánchez. La investigación está centrada en varios cargos graves, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal.
Biedma ha requerido detalles específicos sobre la fecha exacta en la que David Sánchez comenzó a utilizar su nuevo despacho y la información sobre el destino anterior de esas instalaciones. La Diputación, presidida por Miguel Ángel Gallardo, quien también está bajo investigación en el mismo caso, ha sido instada a proporcionar esta información a la mayor brevedad posible. La jueza busca aclarar estos puntos para avanzar en la investigación y asegurar la transparencia en el proceso.
La documentación entregada a la jueza Beatriz Biedma en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, revela irregularidades en su desempeño y compensación en la Diputación de Badajoz. David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, ha recibido más de 250,000 euros desde su incorporación a la Diputación en 2017, pese a haber realizado solo seis conciertos de ópera en siete años. Estos conciertos, organizados bajo su coordinación, tuvieron un coste cercano al millón de euros.
La Diputación ha proporcionado finalmente la información solicitada por la jueza. Según los datos, David Sánchez dirigió la orquesta de Badajoz en seis ocasiones entre 2018 y 2020 y fue asignado a cargos administrativos en los conservatorios de música clásica, donde asumió funciones previamente realizadas por los directores de esos centros.
Posteriormente, fue nombrado jefe de la oficina de artes escénicas, encargándose del programa Ópera Joven, bajo el cual solo ha puesto en marcha cuatro óperas. La jueza está investigando posibles irregularidades en la gestión y asignación de estos cargos.
El contrato de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, y su posterior nombramiento como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, especificaba que debía trabajar de manera habitual en la sede del Conservatorio Superior de Música en Badajoz y que no podía teletrabajar.
No obstante, según la información proporcionada por la Diputación, entre abril de 2023 y abril de 2024, Sánchez no tuvo un «lugar fijo habilitado» y residía en Elvas, Portugal, según la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación. Solo en mayo de 2024 se le asignó un nuevo despacho en la Plaza de España de Badajoz.
La jueza Beatriz Biedma expresó su preocupación por el hecho de que un personal de alta dirección careciera de un despacho propio durante un año, y que se le asignara uno en el mismo mes en que se presentó la denuncia. Este detalle fue uno de los motivos por los que, el 9 de julio, la magistrada ordenó la incautación de los correos electrónicos de los investigados y de varios altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz.
La jueza Beatriz Biedma ha rechazado la solicitud del diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Antonio Garrote, para que se retiren y eliminen del procedimiento todos los correos electrónicos y comunicaciones en los que él figure como autor o destinatario. Garrote argumentó que Biedma no tiene competencia para investigar su conducta debido a su condición de aforado.
En respuesta, la jueza explicó que, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sería el competente para investigar a un aforado si se trata de hechos delictivos atribuidos a él, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que este cambio de competencia no ocurre hasta que existan indicios sólidos y cualificados de responsabilidad.
En el caso presente, dado que la investigación también incluye a personas no aforadas y los indicios contra Garrote no han alcanzado el nivel de solidez necesario, el juzgado de instrucción mantiene la competencia. La jueza añadió que solo si se obtienen indicios sólidos de responsabilidad se elevará el caso al Tribunal Superior para decidir sobre una posible imputación.
