El cupo vasco ha generado un intenso debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la equidad fiscal entre las comunidades autónomas. En este contexto, el PSOE ha sido uno de los partidos que ha planteado críticas significativas hacia este sistema, considerándolo injusto en comparación con el régimen fiscal que se aplica en el resto de España. Figuras como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de Extremadura, han calificado el sistema como un «privilegio fiscal» que afecta la solidaridad interterritorial, argumentando que mientras el cupo vasco y navarro permiten una mayor autonomía fiscal, otras regiones, como Extremadura, tienen menos recursos y pagan más proporcionalmente.
La controversia aumentó en 2023 cuando el Congreso aprobó la renovación del cupo para el quinquenio 2022-2026, un acuerdo que fijó una contribución de 1.472 millones de euros por parte del País Vasco al Estado. A pesar de las críticas internas dentro del PSOE, el partido apoyó esta renovación, aunque varios sectores expresaron su malestar por lo que consideran una rápida tramitación que no tuvo en cuenta las necesidades de otras comunidades autónomas, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, que siguen luchando por una mejor financiación.
Por otro lado, el Partido Popular ha adoptado una postura matizada respecto al cupo vasco. Javier Maroto, dirigente del PP y exalcalde de Vitoria, defendió el sistema afirmando que es un «modelo diferente» que permite al País Vasco gestionar tanto «las duras como las maduras» en referencia a su capacidad para gestionar sus propios recursos y afrontar sus propios retos fiscales. Esta afirmación se enmarca en el apoyo del PP a un sistema que considera que ha funcionado bien históricamente y que está recogido en la Constitución. Sin embargo, Maroto también ha señalado que, aunque es un sistema legítimo, no debe usarse para dividir a los españoles ni para crear desigualdades entre territorios.
El debate sobre un cupo catalán ha estado presente en la política española desde hace años, pero nunca se ha materializado como el sistema fiscal vasco o navarro. A diferencia del País Vasco y Navarra, Cataluña no cuenta con un régimen foral, y las propuestas para implantar un sistema similar al del cupo vasco en Cataluña han generado divisiones políticas tanto dentro como fuera de la región.
La insolidaridad del cupo catalán
La idea de otorgar a Cataluña un sistema fiscal similar al del País Vasco y Navarra ha sido una propuesta recurrente entre ciertos sectores catalanes, sobre todo los independentistas, que ven en ello un camino hacia una mayor autonomía financiera. Sin embargo, el cupo catalán ha encontrado una fuerte oposición tanto dentro como fuera de Cataluña.
La tensión política entre el Gobierno central y los presidentes autonómicos continúa en aumento debido al acuerdo de financiación singular alcanzado entre el PSOE y ERC para Cataluña. Este pacto, conocido como el «cupo catalán», ha suscitado un fuerte rechazo entre varios líderes regionales, tanto del Partido Popular (PP) como del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En este contexto, tres presidentes autonómicos – Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) – han elevado sus críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo medidas compensatorias y una revisión más equitativa del sistema de financiación autonómica.
El malestar de los presidentes autonómicos se ha visto intensificado por la falta de claridad y la percepción de un trato desigual en favor de Cataluña. García-Page, uno de los principales críticos dentro del PSOE, expresó su desacuerdo con el pacto catalán durante una reunión de dos horas en La Moncloa. Rechazó frontalmente el acuerdo entre el PSC y ERC, denunciando que rompe el régimen común de financiación y advirtiendo que no lo acepta como base de negociación para una reforma del sistema de financiación autonómica. El dirigente castellanomanchego calificó el acuerdo como un «concierto como la copa de un pino» y añadió que es «imposible» que los presidentes autonómicos puedan trabajar con quienes «influyen» en el Gobierno de manera tan desigual.
La postura de García-Page también fue respaldada por los presidentes López Miras y Mazón, quienes coincidieron en criticar el acuerdo de financiación singular para Cataluña. Ambos expresaron su preocupación por el impacto que dicho acuerdo podría tener sobre el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. López Miras, por ejemplo, declaró que no había recibido detalles concretos sobre el acuerdo catalán, pero subrayó que las promesas de que no se romperá el principio de solidaridad eran difíciles de creer. Por su parte, Mazón aseguró que el acuerdo es «la peor oportunidad para todos», en contraposición a lo que Sánchez les había transmitido como una «buena oportunidad».
Uno de los principales puntos de consenso entre los tres presidentes fue la necesidad de crear un fondo de compensación para nivelar las desigualdades mientras se aborda una reforma más profunda del sistema de financiación autonómica. Este fondo, propuesto por Mazón, sería una medida temporal hasta que se apruebe la reforma definitiva, con un monto de 1.700 millones de euros anuales en el caso de la Comunidad Valenciana y 2.300 millones en cuatro años para la Región de Murcia.
El propio Pedro Sánchez mostró cierta disposición a negociar una reforma multilateral de la financiación autonómica, un reclamo que había sido previamente planteado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Además, el presidente del Gobierno se comprometió a abordar este tema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes, lo que representa un avance significativo para los líderes autonómicos del PP, que llevaban tiempo exigiendo este tipo de negociaciones.
Sin embargo, a pesar de este gesto por parte del Gobierno central, el escepticismo persiste entre los presidentes autonómicos. Temen que las promesas de Sánchez puedan no materializarse y que el «cupo catalán» siga adelante sin tener en cuenta las demandas de otras comunidades. Aunque la jornada dejó abierta la puerta a futuras negociaciones, los líderes regionales advirtieron que seguirán vigilantes y no aceptarán acuerdos que consideren perjudiciales para sus territorios.
