Correos vive un clima de tensión debido a los recortes en la plantilla que han generado retrasos en las entregas y molestias a los usuarios durante el mes de agosto. Este recorte del 10 % de su personal ha afectado gravemente a la empresa, que ya atravesaba una fase de reestructuración tras años de pérdidas bajo la gestión de Juan Manuel Serrano. La situación ha levantado críticas tanto desde dentro de la organización como por parte de los sindicatos.
El nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, ha intentado avanzar gradualmente hacia una reorganización de la empresa con un plan estratégico, pero ha encontrado obstáculos. Las principales presiones provienen de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda, que buscan una reducción de costes más agresiva. Esto ha generado una división en la dirección de la empresa, con Saura defendiendo un enfoque más prudente y progresivo, mientras que Hacienda y SEPI exigen resultados más inmediatos.
El descontento de los trabajadores no ha tardado en manifestarse. En un comunicado de UGT del 22 de agosto, se cuestiona quién es responsable de los drásticos recortes de personal que se llevaron a cabo este verano. Según UGT, estos recortes han afectado las condiciones laborales de los empleados, quienes han tenido que hacer frente a una carga de trabajo insostenible durante el periodo estival, lo que ha impactado negativamente en la calidad del servicio de Correos. Los sindicatos están pidiendo explicaciones y una mayor claridad sobre el rumbo de la empresa.
La incertidumbre que rodea el futuro de Correos es palpable. A pesar de que los sindicatos, como UGT y CCOO, firmaron un acuerdo en julio para colaborar en el impulso del nuevo modelo postal, aún no se les ha presentado un plan concreto. Los trabajadores esperan que Saura presente en septiembre detalles del plan estratégico, que incluya posibles prejubilaciones y el nuevo convenio colectivo, algo que empieza a verse complicado de cerrar antes de diciembre. Mientras tanto, otras agrupaciones sindicales como CSIF, Sindicato Libre y CGT también están a la espera de una reunión con Saura para exigir explicaciones por los recortes de personal.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado a Correos a ajustar su contabilidad, pidiendo que las notificaciones administrativas dejen de considerarse parte del Servicio Postal Universal. Esta decisión ha generado preocupación en la empresa, ya que las notificaciones representan el 32,2 % de los ingresos del sector postal tradicional, y cualquier cambio podría tener un fuerte impacto en la rentabilidad.
Correos sigue enfrentando múltiples retos. La empresa perdió más de 1.500 millones de euros en los últimos años y, aunque el Estado ha comprometido 3.000 millones para reflotarla, los trabajadores necesitan ver avances concretos. Además, se ha especulado que entre 10.000 y 15.000 carteros podrían prejubilarse debido a la reducción de envíos, lo que añadiría más presión a la plantilla. La SEPI y el presidente de Correos deberán ofrecer claridad y garantizar que cualquier reestructuración tenga un plan sólido detrás, acompañado de medidas que beneficien tanto a los trabajadores como a la empresa.
