Nuevas interrogantes han surgido tras el análisis de los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), el vaciado de información realizado en los teléfonos entregados al Tribunal Supremo reveló la ausencia total de mensajes de aplicaciones de mensajería en los días relacionados con la supuesta filtración de un correo confidencial. Dicho correo, enviado por la defensa del empresario Alberto González Amador al fiscal Julián Salto, contenía una propuesta que el juez debía evaluar.
Por su parte, la Fiscalía justificó que el borrado periódico de datos en los dispositivos de miembros del Ministerio Fiscal, incluido el fiscal general, se realiza siguiendo protocolos de seguridad. Estas normas internas sobre protección de datos recomiendan evitar el almacenamiento indefinido de información en los dispositivos electrónicos. Este procedimiento, según informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press, podría explicar por qué la UCO no halló mensajes en los teléfonos de García Ortiz. Sin embargo, los investigadores lograron determinar que entre el 8 y el 14 de marzo se enviaron mensajes desde el móvil del fiscal general, coincidiendo con las fechas de la supuesta filtración de información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El análisis de la UCO también reveló que el teléfono de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, contenía varias conversaciones con García Ortiz. Estas comunicaciones sugieren que el fiscal general tuvo un papel clave en la filtración de correos relacionados con la investigación que afectaba a la pareja de Díaz Ayuso. Asimismo, el informe de la Guardia Civil encontró que ambos discutieron detalles sobre la redacción de un comunicado que posteriormente fue enviado a los medios. Según los investigadores, García Ortiz supervisó directamente la elaboración de dicho texto.
Mientras tanto, el magistrado Ángel Hurtado, encargado del caso en el Tribunal Supremo, evalúa la posibilidad de ampliar la investigación para determinar cuándo se produjo el borrado de los datos. La acusación popular, encabezada por Manos Limpias, solicitó rastrear las copias de seguridad del móvil de García Ortiz almacenadas en servidores externos. Según publicó La Razón, se ha pedido a empresas como Meta Platforms (propietaria de WhatsApp), Apple y Alphabet (que gestiona Google Drive) que faciliten esta información al juez.
Un evento que ha ganado relevancia en este caso es el testimonio del fiscal Salvador Viada, quien declaró haber sido testigo de una situación anómala el día en que la Guardia Civil registró el despacho de García Ortiz. Según su relato, observó a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, junto al investigado en el patio de la sede de Fortuny, ambos manipulando un teléfono móvil. Viada confesó sentir «vergüenza» al presenciar la escena y permaneció unos segundos observándolos, buscando que notaran que los había visto.
Este episodio, calificado como “insólito” por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), motivó la solicitud de que Viada declarara como testigo en el proceso judicial contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos. La APIF argumenta que el encuentro entre Sánchez Conde y García Ortiz podría evidenciar una relación de afinidad que, a su vez, cuestiona la imparcialidad de la teniente fiscal, quien ejerce la acusación contra su superior en este caso.
En este complejo contexto, la Fiscalía ha insistido en que la eliminación sistemática de datos es una práctica común que busca garantizar la seguridad de la información institucional. Sin embargo, la falta de mensajes en los dispositivos de García Ortiz, junto con los hallazgos sobre su participación en comunicaciones sensibles, ha intensificado el escrutinio en torno a su actuación y los procedimientos llevados a cabo dentro del Ministerio Fiscal.
