Una semana después de que estallase el «caso Koldo», los detalles sobre la trama de presuntas comisiones ilegales por venta de mascarillas siguen saliendo a la luz. De entre todos los imputados, ya no solo tenemos altos cargos políticos. Entran empresarios, de entre todos ellos destaca Víctor de Aldama; quien fuera presidente del Zamora CF.
La tenencia ilícita de arma.
Este viernes se ha conocido que la Audiencia Nacional ha acordado ampliar la investigación para uno de los imputados, el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, a un delito de tenencia ilícita de armas. En el registro de una de sus propiedades ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) fue hallada un arma de repetición manual, carabina, del calibre 44 milímetros de la marca Tiger sin documentación.
Asimismo, Ismael Moreno también ha ordenado bloquear y embargar 88 cuentas relacionadas con la trama después de que el juez apreciara que el patrimonio del exasesor del exministro Ábalos aumentara «significativamente».
El juez del ‘caso Koldo’ puede añadir el delito de tenencia ilícita de armas para el conseguidor de la trama. Según informa Europapress, quien ha tenido acceso al informe de la UCO: » Durante el desarrollo de la mencionada diligencia -entrada y registro-, se ha encontrado un arma de fuego, la cuál carece de documentación que ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia»
Ese mismo día, la UCO informó al instructor de que en otro de los registros, en el del domicilio del dueño del Depósito Judicial de Murcia Rogelio Pujalte (que no consta como imputado en la causa) en Raya (Murcia), hallaron «varios efectos considerados armas prohibidas por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas». Detalla ese oficio, al que también ha tenido acceso Europa Press, que se trata en concreto de una defensa eléctrica (táser) y una defensa extensible.
Un nuevo delito a la trama.
El caso Koldo sigue la trama del pago comisiones durante la pandemia para conseguir contratos con administraciones públicas para el suministro de mascarillas están siendo investigados por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Ahora puede sumarse el de tenencia ilícita de armas si así el juez instructor lo considera.
