Las últimas medidas lingüísticas implementadas por el gobierno catalán han generado una gran controversia, especialmente en lo que respecta al uso del español en las escuelas. En Cataluña, se ha establecido un sistema de inmersión lingüística donde el catalán es la lengua vehicular principal, relegando al castellano a un papel secundario. Esto ha dado lugar a una serie de tensiones legales y políticas, especialmente después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictara que al menos un 25% de las clases deben ser impartidas en castellano en todas las escuelas.
En respuesta a esta sentencia, la Generalitat ha tomado diversas medidas para evitar su implementación. El Govern ha aprobado un decreto lingüístico que busca esquivar la obligación del 25% en castellano, argumentando que la educación en catalán es esencial para la identidad cultural de la región. Este decreto otorga a la Generalitat el control total sobre los proyectos lingüísticos de los centros, quitando autonomía a las escuelas para decidir cómo equilibrar las lenguas en función de las necesidades de sus estudiantes.
El objetivo del gobierno catalán es garantizar que el catalán siga siendo la lengua predominante en las aulas, incluso si eso implica desobedecer fallos judiciales. De hecho, la Generalitat ha declarado que continuará revisando los proyectos lingüísticos de los centros educativos, a pesar de las órdenes judiciales. Esta postura ha sido criticada por organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que defienden el derecho de los estudiantes a recibir una parte significativa de su educación en español.
A pesar de los fallos judiciales, se estima que solo un número muy reducido de colegios, aproximadamente el 25%, están cumpliendo con el mandato del 25% de las horas lectivas en castellano. Esta situación ha provocado tensiones tanto dentro de Cataluña como en el resto de España, donde se critica la falta de cumplimiento de las leyes y se acusa al Govern de promover una política lingüística que discrimina a los hablantes de español.
Las recientes medidas lingüísticas en Cataluña han generado un intenso debate, particularmente en lo que respecta al uso del castellano en el ámbito educativo y comercial. Una de las más polémicas fue la decisión del gobierno catalán de mantener las multas por no utilizar el catalán en la rotulación de los comercios y en la atención al público, con sanciones que pueden llegar a los 100.000 euros. Estas multas, parte de un régimen sancionador instaurado en 2010, se han intensificado en los últimos años. Desde 2019, la Generalitat ha multiplicado por cinco la cantidad recaudada por estas multas, superando el millón de euros en sanciones, afectando a más de 1.400 negocios.
Además de las multas, el gobierno catalán ha lanzado un programa denominado «Comerços Aprenents», que enviará profesores a los comercios para enseñar catalán al personal, con el objetivo de garantizar que la atención al público se realice exclusivamente en esta lengua. Esta iniciativa ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que las medidas vulneran derechos fundamentales y fomentan un monolingüismo forzado. Por ejemplo, asociaciones como Impulso Ciudadano han denunciado lo que consideran una «política represiva» y liberticida que no promueve el bilingüismo, sino que busca erradicar el uso del español en el ámbito público.
El Gobierno central ha adoptado una postura ambigua en este conflicto. Aunque ha defendido la necesidad de proteger el catalán y ha apoyado el marco normativo aprobado por el Parlament de Cataluña, también ha subrayado que todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales. Este equilibrio entre la protección del catalán y el cumplimiento de las leyes relacionadas con el castellano sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambas administraciones.
En resumen, las políticas lingüísticas en Cataluña, especialmente en lo que respecta a la reducción del uso del castellano en las aulas, siguen siendo un tema de fuerte debate y conflicto. A pesar de los fallos judiciales y la presión de ciertas organizaciones, el gobierno catalán parece decidido a seguir adelante con su plan de promover el catalán como lengua principal en la educación, lo que continúa alimentando el debate sobre el equilibrio entre los derechos lingüísticos y la identidad cultural en la región.
