El Ministerio de Trabajo sigue decidido a que se apruebe antes del verano una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Esta iniciativa de Sumar cuenta en principio con el apoyo de los sindicatos, pero los empresarios no han visto nada bueno en esta nueva ley. Además, piden que este asunto se zanje en los convenios colectivos, además de que se adapte a la realidad de cada sector.
Por otro lado, Yolanda Díaz ha dado un último aviso a los empresarios para que enviasen la adaptación de la jornada laboral actual a las 37,5 horas; pero éstos se han plantado y han mandado un informe en el que critican el recorte de horas que persigue el Gobierno. Este documento ha sido elaborado por la patronal Cepyme, la cual señala que la reducción de jornada que plantea Yolanda Díaz tiene un coste de 42.400 millones de euros y afecta a la economía de España.
El informe presentado por la patronal Cepyme, valora que el coste de los asalariados que trabajen 37,5 horas y cobren lo mismo, alcanzaría los 11.800 millones de euros. Aunque a esta cifra habría que sumarle 30.600 millones de euros, lo cual corresponde al valor añadido que la economía dejaría de producir si las empresas no sustituyen esas horas perdidas con más mano de obra.
Hay que destacar que este cálculo presupone que cada hora de menos que se trabaje implica una pérdida equivalente en facturación. También asume que “ninguna empresa contrataría personal para cubrir las horas que se perderían con la reducción de jornada”. Dos escenarios que tendrán efectos negativos sobre la actividad económica con los empresarios como los mayores perjudicados.
La hostelería sería el principal afectado
Pero el Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden que la reducción de la jornada laboral es una iniciativa positiva debido a que obliga a las empresas a que “organicen mejor su trabajo y sean capaces de hacer lo mismo con menos recursos”. Además de repartir las ganancias de productividad que, arguyen, se han producido en los últimos 40 años gracias a los avances tecnológicos.
Una reorganización que, según sostiene la Cepyme afectará sobre todo a las empresas de menor tamaño: “En general, el impacto para las pequeñas empresas será más difícil de procesar, tanto por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español”. Cepyme sostiene que los sectores que se verían más afectados son la hostelería, el comercio, las actividades inmobiliarias y la agroganadería. También en los sectores del transporte y las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde más del 80% de los asalariados rebasan ese tiempo de trabajo.
