Álvaro García Ortiz, nacido en Salamanca en 1967, ha tenido una larga carrera en la Fiscalía, destacando especialmente en Galicia. Tras obtener su licenciatura en Derecho y comenzar su carrera en 1998, fue fiscal en Menorca y luego en Santiago de Compostela.
El Prestige y los incendios en Galicia
En Galicia, desempeñó un papel importante como fiscal coordinador en incendios y delegado de Medio Ambiente. Su trabajo en el caso del Prestige, la mayor catástrofe medioambiental de Europa, fue crucial, defendiendo que la administración no tuvo responsabilidad en el derrame de crudo. Además, en los incendios de 2017, García Ortiz rechazó tajantemente las declaraciones de Nuñez Feijóo, actual líder del PP, que aseguraba que detrás de estos incendios había una estructura «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como uno «terrorista». En 2021, gracias a su cercanía con Dolores Delgado, fue promovido a fiscal de sala y luego a Fiscal General del Estado.
Informe desfavorable del CGPJ
Por primera vez en democracia, el CGPJ se atrevió en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a negar su aval al nombre propuesto por el Gobienro para ocupar el puesto de Fiscal General. La calificación de “no idóneo” enfureció a García Ortiz que durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, cargó contra el órgano en términos muy duros. El fiscal general les reprochó que se comportasen como “un tribunal de honor” y firmasen un texto sin un “mínimo de rigurosidad”. “Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional”, criticaba el fiscal general.
Nombramiento de Dolores Delgado
Uno de los casos más emblemático de su gestión también tuvo que ver con el nombramiento de fiscales. En este caso es la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. Este nombramiento, realizado poco después de que Delgado abandonara el cargo de Fiscal General, fue anulado por el Tribunal Supremo. Esto se debió a que el alto tribunal apreció «desviación de poder», lo que implicaba que la promoción no fue realizada conforme a la ley, sino para beneficiar a Delgado, cercana a García Ortiz. Esta decisión judicial no solo fue un golpe para el Fiscal General, sino que también puso en entredicho la independencia de la Fiscalía, dado que Delgado había sido Ministra de Justicia bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Este episodio generó fuertes críticas, principalmente desde la oposición, que lo acusó de favorecer a figuras cercanas al gobierno.
Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía, promovida como parte de las negociaciones para garantizar el apoyo de los partidos independentistas catalanes al gobierno, ha sido otra fuente de críticas. García Ortiz fue señalado por bloquear informes que cuestionaban la legalidad de esta ley, como el realizado por el Consejo Fiscal o el Senado.
El máximo representante del ministerio público envió una carta al presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, para evitar un dictamen desfavorable, asegurando que ese organismo “carece de competencia para informar [sobre] proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”; mientras tanto, el Fiscal General respaldó las declaraciones de la Unión Progresista de Fiscales. Estas actuaciones avivaron las acusaciones de que su gestión estaba politizada y alineada con los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para sus detractores, esta actuación comprometía una vez más la independencia de la Fiscalía.
Ley del ‘Solo sí es sí’
La controvertida Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que redefinió el consentimiento sexual, provocó una ola de rebajas de penas para agresores sexuales. Durante su implementación, García Ortiz fue criticado por no prever estas consecuencias. Aunque él insistió en que la Fiscalía había actuado conforme a la ley, el Tribunal Supremo corrigió la interpretación realizada por el Ministerio Público, lo que dejó a García Ortiz en una posición vulnerable, acusado de no haber defendido adecuadamente a las víctimas de delitos sexuales.
Tramitación del procés
Otro de los choques más mediáticos de García Ortiz fue con los fiscales del ‘Procés’, quienes se opusieron a su orden de amnistiar todos los delitos de los líderes independentistas. Esta actuación llevó a que se les apartara después de que la cúpula fiscal avalara por la mínima el criterio del fiscal general. Además, cuando la Amnistía todavía no se había materializado, la número 2 del Ministerio Público, desoyendo a la cúpula fiscal, pidió no investigar por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, generando una nueva ola de críticas internas que muchos atribuyeron a García Ortiz.
Reprobación del Senado y acusaciones de politización
Desde que asumió el cargo, la oposición política, en particular el Partido Popular y Vox, ha acusado a García Ortiz de actuar en consonancia con los intereses del Gobierno. La falta de una posición contundente ante ciertos casos ha alimentado las sospechas de que su mandato está politizado y le han valido el sobrenombre de «Ministro 23».
En febrero, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) impugnó ante el Tribunal Supremo su nombramiento como fiscal general, alegando «parcialidad» en favor del Gobierno. Aún no ha habido pronunciamiento del tribunal sobre este recurso. En mayo fue reprobado por el Senado, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
Además, según informes de la Agencia EFE, 18 fiscales del Supremo lo criticaron por «ignorar deliberadamente» una solicitud de amparo presentada por los fiscales del procés, quienes denunciaban alusiones al ‘lawfare’ (uso político de la justicia) en el acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya. El CGPJ también le reprochó su falta de acción ante la campaña de «ataques mendaces» contra esos fiscales, aunque García Ortiz defendió haber respaldado el «trabajo diario de todos los fiscales».
A esto se suma la reciente investigación que el Tribunal Supremo ha abierto contra él por el caso González Amador, convirtiéndolo en el primer fiscal general imputado por el Supremo en la historia de la democracia española.
En resumen, a pesar de sus promesas de modernización y autonomía para los fiscales, el mandato de García Ortiz ha resultado ser todo lo contrario, destacando por la falta de transparencia en la gestión del Ministerio Público, el sometimiento de los fiscales opositores y el ataque de los órganos críticos con su gestión.
