La Asociación de Víctimas del Terrorismo y otros colectivos como Covite han denunciado una serie de cambios legislativos y decisiones políticas que, en su opinión, están permitiendo que los etarras obtengan beneficios penitenciarios y progresen a un régimen de semilibertad bajo criterios «fraudulentos». Según la AVT, este proceso de concesión de terceros grados a terroristas sigue una hoja de ruta dividida en cuatro fases, cada una con un impacto directo en la situación penitenciaria de estos presos y en el dolor de sus víctimas.
EH Bildu y su influencia en la legislación
Uno de los aspectos más criticados por las víctimas es el papel que ha jugado EH Bildu en la configuración de esta política. Con la administración de Pedro Sánchez, este partido se ha convertido en un actor clave para aprobar leyes que, según las víctimas, favorecen los intereses de los antiguos miembros de ETA. Desde la retirada de competencias a la Guardia Civil de Tráfico en Pamplona hasta la participación en la redacción de la Ley de Memoria Democrática y la denominada «Ley Otegi», el poder de decisión de EH Bildu se ha incrementado de manera sustancial.
Otro elemento crucial en este proceso es la reforma en la ley de intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea. Con el apoyo de una enmienda de Sumar, esta ley permite que los etarras puedan reducir su tiempo de prisión al contabilizar las penas ya cumplidas en Francia, una modificación que la AVT advirtió en 2022. Para las víctimas, esta medida refleja cómo ciertos sectores políticos han logrado camuflar sus verdaderas intenciones, minimizando las condenas y favoreciendo indirectamente a los terroristas.
La AVT ha destacado que la actual situación de tercer grado responde a una serie de fases premeditadas:
Traslados a cárceles cercanas al País Vasco: Esta primera fase implicó el traslado de presos de ETA a prisiones en regiones como Logroño, Asturias, Zaragoza y Burgos, permitiéndoles estar más cerca de sus familias. Traslados a prisiones vascas y navarras: En esta segunda fase, todos los presos fueron trasladados a cárceles dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, un paso que algunos colectivos consideran como una concesión adicional a los etarras. Progresión a tercer grado: Actualmente, se está ejecutando la fase de concesión de terceros grados, lo que implica que los etarras tengan la posibilidad de cumplir sus penas en semilibertad. La transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021 ha sido un factor decisivo en esta fase. La administración penitenciaria vasca ha optado por un modelo en el que, en lugar de justificar las progresiones de grado, se justifica por qué no se otorgan, favoreciendo el régimen abierto para los presos.
En la cuarta y última fase, se espera la concesión de libertades condicionales, las cuales ya están siendo aprobadas por el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. La AVT teme que este proceso culmine con una modificación en el Código Penal para reducir la pena máxima de 40 años por terrorismo. Maite Araluce, presidenta de la asociación, ha advertido que, en el caso de que el número de etarras en prisión sea mínimo, se podría llegar a pedir una amnistía.
Denuncia de Covite sobre la «Fraudulencia» de los Terceros Grados
Covite, la asociación liderada por Consuelo Ordóñez, ha denunciado que en el mes de octubre cinco etarras condenados por delitos de sangre han recibido el beneficio del tercer grado, calificando esta medida como un «fraude». La organización acusa a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, encabezada por la socialista María Jesús San José, de perpetuar una política penitenciaria que beneficia a los terroristas, quienes mantienen vínculos con la izquierda abertzale, la cual, según Covite, les prohíbe mostrar arrepentimiento.
Entre los terroristas que han logrado esta progresión se encuentran individuos condenados por asesinatos y atentados, como Aitor Olaizola, Juan Manuel Inciarte Gallardo y José Antonio Borda Gaztelumendi. Estos etarras, responsables de crímenes atroces, son vistos por las víctimas como un recordatorio doloroso de los años de violencia y terror.
