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Los diplomáticos, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, y otros cuerpos superiores de la Administración están en conversaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso para introducir cambios en la reforma de la Ley de Función Pública impulsada por el ministro José Luis Escrivá. Buscan obtener el derecho a prolongar voluntariamente su vida laboral hasta los 72 años, en lugar del límite de 70 años contemplado en la propuesta actual. Esta extensión, ya reconocida de manera excepcional a notarios y registradores de la propiedad, permitiría a estos funcionarios de alto nivel seguir activos en sus puestos.
Enmiendas para extender la jubilación
La plataforma Fedeca, que agrupa a medio centenar de asociaciones representativas de los cuerpos superiores del Estado, ha remitido a los grupos parlamentarios un conjunto de enmiendas que incluyen la posibilidad de aumentar la edad de jubilación obligatoria hasta los 72 años. Los funcionarios argumentan que pueden mantener sus competencias técnicas y profesionales más allá de los 70 años y que el límite debería ajustarse al régimen de la Seguridad Social. Este colectivo de 15.000 funcionarios de alto nivel sostiene que, dado el carácter intelectual de sus tareas, extender su carrera profesional no afectaría su rendimiento.
Revisión de la “revolución” planteada por Escrivá
Además de la extensión de la edad de jubilación, Fedeca propone revertir ciertos cambios que la reforma de Escrivá considera clave. Sus enmiendas buscan preservar el núcleo de las funciones públicas reservando ciertos puestos a funcionarios de carrera y limitando el acceso de interinos. Entre las modificaciones propuestas, piden eliminar figuras como la “promoción interna horizontal”, que permitiría a funcionarios no especializados ocupar puestos específicos, y las “unidades flexibles de carácter temporal”, que la reforma considera esenciales para adaptar la Administración a una realidad cambiante.
Mayor control en promociones y ceses de cargos
Los cuerpos superiores también exigen que se refuercen las garantías de motivación en los ceses de puestos de libre designación y que se evite cualquier arbitrariedad en las promociones de personal durante los concursos de méritos. La plataforma busca así prevenir decisiones discrecionales en estos procesos y asegura que esta protección es fundamental para la integridad y transparencia en el sector público.
