La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reconocido este martes que existen discrepancias con el PSOE en relación con el enfoque fiscal que debe acompañar los próximos Presupuestos de 2025. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz subrayó que el debate no debe centrarse únicamente en quién paga qué, sino en la provisión de servicios públicos. A pesar de las diferencias, aseguró que se trabajará para llegar a un acuerdo con sus socios socialistas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte, reiteró su compromiso con la presentación del proyecto de Presupuestos, aunque reconoció la incertidumbre sobre si se obtendrá el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.
La exención del IVA en sanidad y educación privada, en el punto de mira
Díaz también reavivó uno de los antiguos objetivos de su formación: eliminar la exención del IVA en servicios sanitarios y educativos prestados por empresas privadas. Esta propuesta, que ha sido recurrente tanto en Podemos como en Sumar, busca establecer un IVA del 10% o 21% sobre los servicios educativos y sanitarios que no sean de carácter público. La iniciativa fue considerada en el pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no llegó a concretarse, especialmente en el fallido intento de aprobar los Presupuestos de 2019.
Un coste millonario para las arcas públicas
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la exención actual del IVA en estos servicios representaba en 2019 un coste para el Estado de unos 3.457 millones de euros. Este incentivo fue creado para reducir los precios de sanidad y educación privada, facilitando el acceso a dichos servicios y aliviando la carga sobre el sistema público. Sin embargo, el informe de Airef calificó como “no concluyente” la efectividad de esta medida, sugiriendo que levantar la exención podría generar más ingresos fiscales, aunque a un posible costo mayor para el sistema público.
La discusión sobre el futuro de este incentivo fiscal será clave en las próximas negociaciones entre las fuerzas de gobierno, en un contexto de creciente debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema tributario en España.
