El Consejo de Ministros aprobó recientemente un plan integral de prevención y reparación para las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia. La propuesta incluye indemnizaciones a través de un organismo independiente compuesto por expertos de diversas áreas, destinado a casos prescritos o no probados ante la justicia. Sin embargo, esta medida ha provocado un enfrentamiento directo con la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La Iglesia quiere que se aborden otros temas
Prácticamente al mismo tiempo que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentaba el proyecto del Gobierno, los obispos enmendaban la propuesta, argumentando que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. Según la CEE, centrarse únicamente en la Iglesia católica representa un análisis parcial que oculta un problema social más amplio. Desde que estalló la crisis de la pederastia, los obispos han instado al Gobierno a abordar el problema de manera más amplia, incluyendo otros ámbitos como el familiar y el deportivo.
Cuestionamiento de toda la entidad
La reacción inmediata de los obispos se produjo después de que el ministro Bolaños esbozara el plan en una reunión con el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Aunque Bolaños afirmó que la Iglesia tenía voluntad de colaborar, esta considera que la propuesta del Gobierno parte de un juicio condenatorio hacia toda la Iglesia, cuestionando principios de igualdad y universalidad: “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”
Además, los obispos aseguraron que “la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación”.
Un plan de reparación integral propio
Por su parte, la CEE está ultimando su propio plan de reparación integral, que incluye una comisión independiente de expertos para analizar casos prescritos o con el abusador fallecido. Esto podría resultar en una duplicidad de esfuerzos con el órgano propuesto por el Estado. Más allá de estas comisiones, el plan del Gobierno contempla medidas como la ampliación del plazo para la prescripción de la responsabilidad civil y la creación de «salas amigables» en los juzgados para proteger a las víctimas durante los procesos judiciales.
Fechas y medidas
Además de las iniciativas propuestas por ambas partes, está previsto que el plan sea implementado antes de 2027. Este incluye la organización de un acto público con las víctimas de abuso dentro de la Iglesia y sus familias. También contempla la extensión del período de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y, en determinados casos, la eliminación de dicho plazo.
