España, uno de los países que ha dado pasos visibles en el combate contra la violencia de género, las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas siguen estremeciendo a la sociedad. El 2024 ha sido otro año en el que, a pesar de las herramientas y protocolos, muchas víctimas no han encontrado la protección que necesitaban. De las cuarenta mujeres asesinadas este año, once acudieron a las instituciones en busca de ayuda, una de cada cuatro; sin embargo, eso no impidió que se convirtieran en nuevas cifras de una tragedia evitable.
Estela Blach y el error del sistema VioGén
Estela Blach Silva, de 36 años, fue una de estas víctimas. Tras denunciar a su entonces pareja, Humberto González, el sistema VioGén, una herramienta que evalúa el riesgo de las víctimas mediante un cuestionario, determinó que su situación era de «riesgo medio». La protección otorgada fue mínima: llamadas telefónicas de control, una medida limitada para un caso que, como luego se revelaría, requería de una respuesta mucho más profunda.
El caso de Estela demuestra que el sistema VioGén y su algoritmo han fallado en reconocer el verdadero peligro de algunos de los casos que evalúa. De las 99.644 mujeres inscritas en septiembre en este sistema, solo el 0,01% recibieron protección bajo la categoría de “riesgo extremo”, la cual ofrece vigilancia constante con escoltas.
Ineficacia de las órdenes de alejamiento
Otra medida de protección comúnmente otorgada es la orden de alejamiento, la cual también resultó insuficiente para Estela Blach. A pesar de que Humberto González tenía una orden en su contra, el sistema carece de un mecanismo que garantice su cumplimiento estricto. Tal como señala el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, estas órdenes dependen en última instancia de la voluntad del agresor para respetarlas. En un sistema verdaderamente efectivo, el quebrantamiento de una orden de alejamiento debería suponer una sanción inmediata y proporcional al riesgo que supone para la víctima.
Víctimas ignoradas por el sistema
La historia de Estela no es un caso aislado. Mari Nieves, Mainca, Lorena, Juliana, Gertruida y muchas otras mujeres han denunciado a sus agresores o han pedido ayuda a las autoridades en un intento de salvar sus vidas, pero los mecanismos de protección no respondieron con la celeridad .
Mari Nieves Gamarra: Tras denunciar en 2021, Mari Nieves obtuvo una orden de alejamiento. Sin embargo, al solicitar ayuda nuevamente en 2023, no se consideró necesaria ninguna medida adicional de protección, y el caso se cerró en el sistema VioGén. Meses después, su expareja la asesinó.
Mainca: Apenas un mes antes de ser asesinada, Mainca denunció a su pareja, pero ni el sistema VioGén, ni la Policía, ni el sistema judicial determinaron que su vida estuviera en riesgo. Fue atacada brutalmente y falleció tras días en coma.
Lorena: Con tres sentencias previas contra su agresor, el sistema también falló al retirar las medidas de protección a su favor, a pesar de un historial de amenazas y maltratos. Fue asesinada en septiembre.
Amal, Adam y Hiba: Quizás el caso más desgarrador de este año es el de Amal, quien, a pesar de denunciar a su pareja en reiteradas ocasiones y de los múltiples incumplimientos de la orden de alejamiento, no recibió la protección necesaria. Su vida, así como la de sus hijos Adam e Hiba, terminaron trágicamente.
Estos casos reflejan una realidad: el sistema que debería proteger a las víctimas de violencia de género en España está fallando. La estadística es contundente. Solo el 21,7% de las víctimas de violencia de género denuncian, y de aquellas que sí lo hacen, una gran mayoría queda desamparada. Aquellas mujeres que no denuncian viven en la oscuridad, ocultas y, muchas veces, resignadas a su situación por falta de confianza en que el sistema pueda realmente protegerlas.
La demanda de cambios en el sistema VioGén no es nueva. Asesoras, activistas y organizaciones llevan años exigiendo una actualización en el algoritmo que evalúa los niveles de riesgo y una mejor coordinación entre las instituciones que operan en la protección de las víctimas. Sumar, uno de los partidos integrantes de la coalición de Gobierno, también se ha sumado a esta petición, solicitando un replanteamiento integral del sistema.
La propuesta de Sumar incluye una revisión no solo del algoritmo, sino también de la cadena completa de atención a las víctimas: desde el acceso seguro a la denuncia, hasta la eficiencia de las órdenes de protección y la capacitación del personal público encargado de estos casos. Según el texto presentado en el Congreso, el sistema actual muestra “una clara necesidad de mejorar y ampliar los mecanismos de intervención”.
