El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. La autorización al gabinete jurídico para proceder con esta acción fue aprobada este martes, tras un detallado análisis del dictamen emitido por el Consejo Consultivo. Este dictamen, solicitado por el presidente regional Emiliano García-Page el pasado 14 de junio, concluyó de manera contundente sobre la inconstitucionalidad de la norma y la legitimidad de la comunidad autónoma para presentar el recurso, según informó la Junta mediante un comunicado.
El Consejo Consultivo, en su pleno del 23 de julio, aprobó por unanimidad el dictamen sin presentar votos particulares. En él se argumenta que el Gobierno regional está facultado para impugnar normas que infrinjan la Constitución, no limitándose únicamente a aquellas que afectan directamente a sus competencias. Basándose en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el Consejo determinó que la comunidad autónoma puede cuestionar cualquier infracción constitucional.
Ante la contundencia del dictamen, el Consejo de Gobierno decidió avanzar con el recurso de inconstitucionalidad. La Junta destacó que esta medida busca defender los intereses de Castilla-La Mancha dentro del marco del estado autonómico que establece la Constitución. El presidente García-Page informó al Consejo de Gobierno sobre su intención de realizar esta consulta el mismo día en que la ley de amnistía se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marcando así el inicio del período para presentar recursos.
La declaración
Este miércoles, a las 10:30 horas, Emiliano García-Page ofrecerá una declaración institucional para explicar los motivos de la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. En declaraciones anteriores, el presidente regional manifestó su «sorpresa» por el «ensordecedor silencio» ante lo que considera un «serio ataque a la igualdad» representado por la ley promovida por ERC.
García-Page ha resaltado la necesidad de proteger los principios de justicia e igualdad, indicando que la ley de amnistía compromete estos valores esenciales. En la declaración institucional, el presidente regional detallará la postura de Castilla-La Mancha y los argumentos legales y constitucionales que sustentan el recurso, reafirmando así el compromiso del Gobierno regional con la defensa de la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos.
