Podemos ha presentado un ambicioso plan en materia de vivienda con el objetivo de frenar el crecimiento desmedido de los pisos turísticos y controlar la especulación inmobiliaria, que, según ellos, está encareciendo el acceso a una vivienda digna en muchas regiones de España.
La propuesta ha generado controversia, ya que plantea medidas que algunos consideran una violación del derecho a la propiedad privada, protegido en el artículo 33 de la Constitución Española.
El plan consta de siete puntos clave que comienzan con una moratoria que impediría la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos hasta el 1 de enero de 2028. Además, limitaría la oferta de pisos turísticos a un 2% del total disponible y prohibiría su constitución en viviendas plurifamiliares en aquellas zonas donde se haya declarado una emergencia habitacional.
Estas medidas buscan poner freno a lo que el partido califica como “la turistificación”, un fenómeno que, según su argumentación, está afectando gravemente al acceso a la vivienda en áreas que anteriormente no experimentaban presión turística.
Podemos quiere dejar a los españoles sin casa
Más allá del ámbito de los pisos turísticos, el plan de Podemos incluye otras propuestas que buscan intervenir directamente en el mercado inmobiliario. Entre ellas se encuentran la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes y la prohibición de la adquisición de propiedades con fines distintos al uso residencial.
Uno de los puntos más polémicos es la expropiación del uso de las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, con el fin de destinarlas al alquiler social. El plan también prevé sancionar la publicidad de alojamientos turísticos ilegales, en un esfuerzo por reducir la oferta de pisos no regulados que, según el partido, contribuyen a la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios de alquiler.
Podemos sostiene que el modelo de negocio impulsado por grandes capitales y multinacionales del turismo está generando graves efectos en territorios como Baleares, Canarias o la Costa del Sol, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es especialmente alta. La propuesta del partido ha sido recibida con críticas desde diversos sectores, que argumentan que estas medidas vulneran el derecho a la propiedad privada y pueden tener efectos negativos sobre la economía del turismo en el país.
