Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, ha intensificado su ofensiva legal contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, presentando una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta acción se enmarca en la estrategia de defensa de Puigdemont, quien, junto con el eurodiputado Antoni Comín, acusa a Llarena de «desatención» y «retraso injustificado y reiterado» en la resolución de recursos relacionados con la no aplicación de la ley de Amnistía en el caso de la malversación que se le imputa por su participación en el procés.
La denuncia, firmada por el abogado Gonzalo Boye, se centra en lo que la defensa de Puigdemont considera una gestión inadecuada por parte de Llarena en relación con los recursos presentados en julio de 2024. Estos recursos buscaban revertir la decisión del magistrado de no aplicar la ley de Amnistía en el contexto del procés. Según el documento, los recursos fueron presentados los días 8 y 9 de julio, pero no fue hasta el 22 de julio que se dio traslado a las partes involucradas. A pesar de la gravedad de la situación y la importancia de una resolución rápida, Llarena aún no ha emitido un fallo al respecto.
Uno de los puntos que subraya la denuncia es que Llarena, a pesar de haber suspendido sus vacaciones el 7 de agosto para atender cuestiones relacionadas con la posible detención de Puigdemont en su anunciada vuelta a Barcelona, no ha resuelto los recursos pendientes. La denuncia destaca que, el 9 de agosto, el magistrado dictó providencias solicitando explicaciones a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el «fracaso» en la interceptación de Puigdemont. Sin embargo, no ha habido avances en la resolución de los recursos, lo que para Boye demuestra una «dilación maliciosa» sin justificación legal.
El escrito presentado al CGPJ también argumenta que Llarena ha incumplido repetidamente el plazo legal estipulado en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los recursos de reforma deben ser resueltos dentro de un plazo razonable. Boye insiste en que estos recursos «debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024», y que el retraso no solo es injustificado, sino que podría constituir una «infracción disciplinaria» por parte del magistrado.
Este movimiento de la defensa de Puigdemont se produce en un contexto en el que el líder de Junts necesita agotar todas las vías internas de recurso ante el Tribunal Supremo para poder llevar su caso al Tribunal Constitucional. La estrategia de Puigdemont se basa en la creencia de que el Tribunal Constitucional podría enmendar la decisión de Llarena y, eventualmente, anular los cargos que aún pesan sobre él, facilitando su regreso a España sin enfrentar un arresto inmediato.
La denuncia también resalta la tensión creciente entre las instituciones judiciales y el entorno de Puigdemont, quien ha intentado en varias ocasiones apartar a Llarena de la causa. La resolución de estos recursos es crucial no solo para el futuro judicial de Puigdemont, sino también para el escenario político en España, dado que el expresidente catalán mantiene una influencia significativa, especialmente en el contexto de las negociaciones políticas actuales, donde su apoyo es clave para el gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación de diversas leyes.
Este caso, que refleja la compleja relación entre la justicia española y el independentismo catalán, continúa siendo un punto de conflicto que podría tener repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, mientras Puigdemont y su equipo legal buscan desactivar las acusaciones que han perseguido al líder catalán desde su huida a Bélgica tras el referéndum ilegal de 2017.
