El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull. EP
El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull (Junts), ha avisado en una entrevista este lunes en Ser Catalunya de que el candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, “no será detenido” dentro de la cámara catalana mientras él la presida. Ha indicado, además, que en el Parlament hay un protocolo vigente para este tipo de casos y que se encargará personalmente de que “se cumpla íntegramente”.
«La policía, mientras yo sea presidente del Parlament, no entrará a detener o retener a nadie. Y si lo tiene que hacer, al primero que tendrán que detener es a mí mismo», ha defendido Rull, que ha apuntado que la cámara catalana es “el templo de la democracia”.
Rull ha afirmado que el escenario de una investidura con la policía esperando fuera para detener a Puigdemont «sería una imagen absolutamente lamentable, terrible» que, según él, volvería a demostrar que Catalunya no está en una situación normal. En esta línea, ha reiterado que Puigdemont volverá para la investidura, tanto si es la suya como si no, y por lo tanto arriesgándose a ser detenido. Una situación que también supondrá «riesgos» para él, ya que podría llegar a desobedecer e impedir la ejecución de una orden judicial.
El Supremo mantiene su orden de arresto
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena declaró no amnistiable el pasado lunes perdonar el delito de malversación atribuido a Puigdemont y a dos exconsellers y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.
La Sala de lo Penal adoptó esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones –Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox– y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros.
El instructor argumentó que los hechos que se les atribuyen incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley de amnistía para perdonar delitos de malversación: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
La Sala -al igual que el juez Pablo Llarena- entiende que los ya condenados obtuvieron un “beneficio personal de carácter patrimonial”. Según el auto, “hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio. Destinaron aquel a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos, dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria”.
