Sumar ha tildado al Partido Popular de ser un partido “corrupto y mafioso” durante su etapa en el Gobierno al considerar que puso “todo el aparato del Estado” contra adversarios políticos, según ha trasladado la formación a través de su cuenta oficial en la red social X.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha informado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de que, durante los años 2015 y 2016, se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados que formaron parte de sus candidaturas a las elecciones generales. El magistrado examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior.
Una época en la que varios dirigentes de Sumar ya eran diputados como Yolanda Díaz, Iñigo Errejón y Pablo Bustinduy, así el partido ha criticado que: “Todo el aparato del Estado puesto al servicio de un partido corrupto y mafioso intentando parar la soberanía popular. No lo consiguieron ni lo conseguirán. Que los responsables lo paguen”.
Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha censurado, en referencia al PP, que quienes llevan desde 2016 hablando de “dictadura” por “no querer acatar el resultado de las urnas” son quienes “realmente actuaron como tal desde el Gobierno” “Todos los responsables y quienes participaron en este escándalo deben ser investigados y juzgados”, ha exigido.
Sumar se mete en las decisiones del ministerio de Vivienda
Por otro lado, Sumar ha considerado que las medidas que ha publicado el Ministerio de Hacienda para atajar el paso de cada vez más viviendas al mercado del alquiler turístico, en parte responsable del problema de precios del arrendamiento, que afecta a muchas grandes ciudades en España, son insuficientes y poco “eficientes”.
La coalición que lidera Yolanda Díaz presentó su propio paquete de propuestas para promover que los propietarios saquen sus viviendas al mercado del alquiler residencial y no las deriven al turístico. Dichas propuestas pasan por subir los impuestos a este tipo de arrendamientos vacacionales para que dejen de ser tan rentables a los caseros.
Sumar propone llevar la carga impositiva que afecta a los propietarios de pisos turísticos para que esa modalidad de arrendamiento pierda su atractivo económico. En concreto, el texto que se debatirá en el Congreso insta a «adoptar las modificaciones legales oportunas en la Ley del IVA para que el alquiler de viviendas para uso turístico esté sujeto y no exento de IVA, así como para que el tipo aplicable sea del 21%», lo que supone multiplicar entre dos y tres veces
