El debate en torno al derecho a la vivienda en España ha alcanzado nuevas cotas de intensidad con la reciente propuesta del Gobierno para regular el mercado de alquiler, específicamente en los sectores de arrendamientos temporales y turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció un decreto urgente destinado a aumentar la protección de los inquilinos en contratos de corta duración y a controlar la proliferación de viviendas destinadas al alquiler turístico, medidas que pretenden atajar el fraude y los abusos en el sector inmobiliario.
Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el partido Sumar, socio minoritario en la coalición gubernamental, hasta el Sindicato de Inquilinos, conocido por su activismo en defensa de los derechos de los arrendatarios, las críticas han sido generalizadas. Sumar ha calificado las medidas como «descafeinadas», argumentando que no abordan de manera efectiva los problemas estructurales del mercado de alquiler, donde los precios elevados y las condiciones desfavorables para los inquilinos son una constante.
Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, ha expresado su preocupación por la falta de celeridad del Gobierno para abordar este tema . Ha instado a una acción más enérgica y ha exigido la construcción urgente de vivienda pública en régimen de alquiler social como una solución a largo plazo. Además, ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por su resistencia a implementar medidas que limiten los precios de los alquileres, perpetuando así un sistema donde los propietarios se benefician a expensas de los inquilinos.
El Sindicato de Inquilinos ha sido aún más contundente en sus críticas. Consideran que las propuestas del Gobierno son «ineficaces» e «insuficientes» para proteger a los arrendatarios. Critican especialmente la falta de cambios legislativos profundos, limitándose la propuesta a un decreto que no modifica la ley existente. Según el sindicato, esto deja margen para que los propietarios continúen abusando de los contratos temporales para eludir las protecciones que la ley ofrece a los inquilinos en alquileres a largo plazo.
Además, el Sindicato de Inquilinos ha levantado preocupaciones sobre la nueva plataforma estatal anunciada por la ministra Rodríguez para registrar viviendas destinadas a alquileres temporales. Consideran que podría convertirse en un mecanismo burocrático que no resuelve los problemas estructurales del mercado y que transfiere responsabilidades a las comunidades autónomas sin garantizar una implementación efectiva y oportuna.
