El Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado hoy a favor del estado de Texas, de manera, que ahora tiene vía libre, gracias a la ley que entra en vigor, para que la Policía detenga y expulse a inmigrantes que sean sospechosos de haber ingresado de manera irregular en Estados Unidos.
Así, este caso llegó al tribunal después de un proceso judicial que emprendió el presidente de EEUU, Joe Biden, por parte de su Administración y los defensores de los inmigrantes que están encabezados por la unión Estadounidense de Libertades Civiles, que han perdido. Estos últimos, alegan que la propuesta presentada es totalmente “anticonstitucional”. Los demandantes pidieron al Supremos que detuvieran esta propuesta de ley mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.
Hoy, los seis jueces conservadores han votado a favor de Texas, de manera, que permitían que esta ley entre en vigor mientras se da un fallo en el caso. Ken Paxton, el fiscal general de Texas, mostró su entusiasmo por la decisión del alto tribunal, a través de un mensaje en su cuenta personal de “X”: “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.
La medida antiimigración más dura en EEUU
Esta ley que acaba de entrar en vigor es una de las medidas antiinmigrantes más duras que se han llevado a cabo en Estados Unidos, y que convierte en un delito menor que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera de forma irregular”. Aunque esta falta se puede convertir en un crimen, e incluso grave y punible, con hasta 20 años de prisión si el infractor es reincidente.
Esta iniciativa permite también que la Justicia estatal permita y ordene la expulsión de personas sin necesidad de mediar un proceso legal. También, hay que añadir, que los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier persona que sospechen que haya intentado ingresar de manera ilegal en el país. Y tendrán la posibilidad de expulsarle a Méjico una vez que sea arrestado.
En un principio esta medida, promovida por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, debía entrar en vigor a principios de este mes, pero un juez federal se puso de parte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la Administración de Joe Biden y la prohibió.
