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La Audiencia de Cuentas de Canarias ha dado luz verde al informe que denuncia irregularidades en las compras de material sanitario realizadas por el gobierno de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, durante la pandemia. Aunque el documento fue elaborado hace dos años, su aprobación fue bloqueada en su momento por consejeros afines al Partido Socialista. Tras el cambio de Gobierno y la renovación de la composición del órgano fiscalizador, el informe será remitido al Parlamento de Canarias.
Las adjudicaciones bajo la lupa: el caso de la trama Koldo
El informe señala posibles irregularidades contables, destacando adjudicaciones millonarias a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad vinculada a la trama conocida como Koldo. En total, esta compañía recibió contratos por casi 10 millones de euros para el suministro de mascarillas KN95 y FFP2.
Además, la Audiencia denuncia que el Servicio Canario de Salud (SCS) no respetó los límites de gasto establecidos ni solicitó las autorizaciones requeridas por el Gobierno de Canarias. Según el informe, se detectaron autorizaciones de gastos que superaban los umbrales legales sin el debido respaldo administrativo.
Empresas sin solvencia para contratos públicos
Otro punto crítico del informe es el incumplimiento de los requisitos legales por parte de varias empresas adjudicatarias. Se comprobó que seis de ellas no tenían un objeto social acorde al contrato y cinco no estaban registradas como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Soluciones de Gestión, una de las principales beneficiarias, incumplía ambas condiciones.
En total, los contratos auditados suman 81,9 millones de euros, concentrándose el 62% del gasto en cuatro empresas. De estas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas e Injoo Technology acumulan cerca del 23%, a pesar de que sus actividades no están relacionadas con la venta de material sanitario. Según la Audiencia, estas adjudicaciones podrían estar incursas en causas de nulidad.
Contrato millonario sin entrega
El informe también denuncia un caso particularmente grave: un contrato de 4 millones de euros adjudicado a RR7 United para la compra de mascarillas que nunca fueron entregadas. Este hecho podría implicar responsabilidades contables y jurídicas.
El documento fue aprobado por mayoría en la Audiencia de Cuentas gracias al apoyo de los consejeros propuestos por el PP y Coalición Canaria. Los dos consejeros designados por el PSOE, Luis Ibarra y Almudena Estévez, votaron en contra. Ahora, el Parlamento de Canarias será el encargado de analizar las conclusiones y determinar los pasos a seguir.
Este caso arroja nuevas dudas sobre la gestión sanitaria en Canarias durante la pandemia y añade presión al actual ministro Ángel Víctor Torres, cuya administración autonómica queda en entredicho por estas denuncias de falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos.
