El destino judicial de Carles Puigdemont está en manos del Tribunal Supremo, que debe determinar si la malversación relacionada con el procés es un delito amnistiable. Para ello, el alto tribunal debe concluir si hubo «propósito de enriquecimiento» o si se afectaron «los intereses financieros de la Unión Europea». Además, el Supremo debe resolver si acusa a Puigdemont de alta traición y malversación en el caso Voloh, que se instruye en Barcelona. Esta solicitud de imputación, presentada por el juez Joaquín Aguirre, añade incertidumbre sobre la posible amnistía para el expresident.
Delitos excluidos de la amnistía
Ambos delitos, alta traición y malversación, están excluidos de la amnistía bajo ciertas condiciones, lo que podría llevar al Supremo a no archivar las causas contra Puigdemont. Paralelamente, una tercera amenaza se cierne sobre el líder independentista: la magistrada Susana Polo del Supremo lo investiga por presunto terrorismo, lo que también quedaría fuera de la amnistía si se confirma una grave violación intencionada de los Derechos Humanos.
Conexiones rusas del ‘procés’
Las relaciones entre Puigdemont y miembros de la inteligencia rusa podrían considerarse un «delito contra la paz y la independencia del Estado». Hace seis meses, el juez Aguirre señaló estas conexiones al prorrogar la investigación, pero no solicitó la imputación de Puigdemont hasta este viernes. Debido a su condición de aforado, solo el Tribunal Supremo puede investigarlo. Aguirre menciona en su auto delitos de «traición y malversación de caudales públicos».
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende la aplicación de la amnistía tras la investigación a Puigdemont por la ‘trama rusa’. Aguirre ha encontrado «indicios más que suficientes» para investigar las conexiones de Puigdemont y sus colaboradores con el Gobierno ruso, sugiriendo que habrían facilitado la infiltración de agentes rusos en España para influir en estructuras financieras y actividades de desinformación.
La investigación se centra en una reunión celebrada antes de la declaración unilateral de independencia, en la casa de Puigdemont, con la participación del diplomático ruso Nikolai Sadovnikov, quien supuestamente ofreció apoyo financiero y militar a la causa separatista. Además de Puigdemont, están investigados Artur Mas, Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye y Francesc de Dalmases.
La malversación de fondos
El juez Pablo Llarena debe decidir sobre la malversación cometida por Puigdemont para financiar el referéndum del 1-O y si este delito es amnistiable. La ley de amnistía incluye la malversación, salvo si hubo «propósito de enriquecimiento» o afectación a los intereses financieros de la UE. La Fiscalía ha solicitado amnistiar a los encausados por el ‘procés’ y levantar la orden de detención contra Puigdemont, argumentando que no hubo propósito de enriquecimiento ni afectación a la UE.
Presunto terrorismo de Tsunami Democràtic
La magistrada Susana Polo investiga si las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic, vinculadas a Puigdemont y Rubén Wagensberg, constituyen terrorismo y si son amnistiables. La Fiscalía ha recomendado amnistiar a ambos, descartando graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que también investiga a Marta Rovira, ha identificado a Puigdemont como posible responsable de la plataforma y ha solicitado al Supremo que asuma la investigación.
