El empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama se ha convertido en el epicentro de uno de los escándalos políticos más graves de los últimos años en España. Tras su salida de la cárcel de Soto del Real y en plena colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, las revelaciones de Aldama han provocado una tormenta política que amenaza con sacudir los cimientos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras las investigaciones avanzan, las acusaciones del empresario no solo señalan presuntas irregularidades en la financiación del partido, sino también vínculos con la gestión de contratos públicos durante la pandemia y otros episodios polémicos.
Cinco direcciones explosivas
La declaración de Aldama ante el juez Ismael Moreno y las pruebas que promete entregar, entre ellas facturas, correos, audios y anotaciones, han puesto en jaque a figuras clave del PSOE. Según el empresario, en 2019 entregó 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, como parte del llamado «cupo vasco», insinuando un sistema de financiación irregular basado en comisiones derivadas de adjudicaciones públicas. Aldama también ha apuntado al exministro José Luis Ábalos, a quien asegura haber entregado un millón de euros entre 2019 y 2022. Asimismo, Koldo García, asesor de Ábalos, habría recibido 500.000 euros por su intermediación. Pero el alcance de las acusaciones no termina ahí: Aldama señaló al expresidente canario y exministro Ángel Víctor Torres, quien supuestamente solicitó 50.000 euros relacionados con la gestión de mascarillas en Canarias, y a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, quien habría cobrado 25.000 euros por un favor relacionado con la Agencia Tributaria. Aunque Pedro Sánchez no ha sido acusado de manera directa, Aldama ha cuestionado la versión oficial sobre su famosa fotografía con el presidente, insinuando que no fue un encuentro espontáneo sino pactado en un reservado durante un acto electoral en 2019.
Delcygate y reuniones secretas
Otro frente abierto por Aldama es el llamado Delcygate, un episodio que pasa de ser una incómoda escala de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas a un supuesto encuentro clandestino con altas figuras del Gobierno español. Según el empresario, Rodríguez habría planeado quedarse en un chalé en el exclusivo barrio de El Viso, donde habría tenido reuniones con Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Teresa Ribera, José Luis Ábalos y el propio Pedro Sánchez. Aldama asegura que el entonces ministro Marlaska facilitó personalmente las condiciones para la estancia de Rodríguez en España. Por otro lado, las reuniones de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, con Aldama y otros actores durante el rescate de Air Europa en 2020 también han despertado sospechas. Aunque Aldama no aportó detalles comprometedores sobre estos encuentros, su testimonio ha avivado las críticas hacia el Ejecutivo.
El conseguidor en el centro de la trama
La figura de Aldama, descrita por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como un «nexo corruptor», va mucho más allá de los habituales intermediarios. Según la UCO, su implicación en el fraude del IVA de hidrocarburos, valorado en más de 182 millones de euros, y en la venta de mascarillas a administraciones públicas en plena pandemia lo sitúan en el corazón de una red de corrupción compleja. Las pruebas incautadas muestran la estrecha relación de Aldama con Delcy Rodríguez y su capacidad para gestionar contratos internacionales, como el de la línea verde de Riviera Maya. Además, su conexión con Air Europa durante su rescate pone de manifiesto su influencia en las altas esferas políticas y empresariales.
La estrategia de la colaboración
En un intento por reducir su condena y evitar la cárcel, Aldama ha sellado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, prometiendo tirar de la manta. Su entorno asegura que el empresario, conocido por apodos como “pitbull” o “búfalo” dentro de la trama, está decidido a exponer toda la verdad, incluso si ello implica complicar la situación de su exesposa, Patricia Ramos García, también investigada por su papel en las sociedades del empresario.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance real de las acusaciones de Víctor de Aldama y las consecuencias políticas que podrían derivarse. Por ahora, tanto el PSOE como el Gobierno intentan contener los daños mientras la sombra de la corrupción amenaza con oscurecer el final de la legislatura.
