Tras días de polémica, el Gobierno español, representado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha decidido revisar la orden ministerial que regula la cotización retroactiva de los becarios de investigación. Este cambio de postura surge como respuesta a las críticas y presiones recibidas, especialmente por parte de la Confederación Española de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos en el país.
La normativa en cuestión permitía a los becarios de investigación regularizar su situación cotizando por los años en los que estuvieron becados, principalmente durante las décadas de los 90 y 2000. Sin embargo, la propuesta generó controversia debido al elevado coste económico que implicaba para los afectados. Por ejemplo, un científico que recibía una beca de 600 euros al mes en el año 2000 tendría que pagar alrededor de 290 euros al mes, lo que representa el 48% de lo percibido en ese entonces. Para algunos, esto significaba desembolsar más de 17.000 euros para regularizar cinco años de beca, una cantidad considerada inasumible para muchos.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la manera en que se calculaba la regularización, utilizando los baremos de cotización actuales en lugar de los que estaban vigentes durante los años de la beca. Además, la limitación temporal de cinco años excluía a aquellos becarios que tuvieron una duración mayor en sus programas de investigación. También se criticó que los afectados debían pagar la cuota completa, incluyendo la parte correspondiente de la empresa que los contrató como becarios, lo que se consideraba injusto.
Ante estas críticas, el Gobierno ha prometido revisar la orden ministerial y suavizar las condiciones para la regularización de la cotización de los antiguos becarios. En una reunión con representantes de Cosce, se acordó abordar los siguientes puntos:
1. Encontrar una solución específica para la regularización retroactiva de la cotización de las becas de investigación, reconociendo que es una situación diferente a la de las prácticas formativas.
2. Permitir a los afectados aportar únicamente la cuota correspondiente a la persona trabajadora en cada año recuperado, sin la obligación de pagar también las cotizaciones empresariales.
3. Revisar el límite máximo de cinco años establecido, ya que se considera insuficiente para solucionar el problema de todo el colectivo afectado.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) ha celebrado el compromiso del Gobierno de abordar el problema y modificar la normativa, y se muestra dispuesta a continuar el diálogo para garantizar que se atiendan las principales reivindicaciones del personal investigador. Según Cosce, es una cuestión de justicia social asegurar que las condiciones para la regularización de la cotización de los antiguos becarios sean equitativas y accesibles para todos los afectados.
