La economía colaborativa no solo está transformando cómo consumimos bienes y servicios, sino también el modo en que las ciudades pueden posicionarse en un mercado global cada vez más competitivo. El Índice de Economía Colaborativa 2024 del Consumer Choice Center evalúa 60 ciudades en todo el mundo según su apertura a plataformas colaborativas como Airbnb, Uber, Bolt o Blablacar, midiendo indicadores como el marco regulatorio, la accesibilidad de estas plataformas y su impacto en los consumidores.
Este año, Madrid se ha consolidado como un referente, ocupando el tercer puesto global y siendo la ciudad mejor valorada en España y la segunda de Europa, mientras que Barcelona queda relegada al puesto 20, destacando negativamente en aspectos clave como la regulación del transporte compartido y los alquileres turísticos.
¿Qué hace bien Madrid?
La capital española ha adoptado un enfoque pragmático hacia la economía colaborativa, reconociendo su potencial para crear empleo, ofrecer servicios más asequibles y fomentar la innovación. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, plataformas como Uber y Cabify operan con relativa libertad, ofreciendo a los madrileños opciones competitivas frente al taxi tradicional. Esta política ha resultado en mayores opciones para los consumidores y una mejora general en la calidad del servicio.
En el sector del alojamiento vacacional, Madrid también mantiene un equilibrio entre regular el uso de Airbnb y permitir que los propietarios alquilen sus viviendas, incentivando el turismo sin imponer restricciones excesivas. Esto no solo beneficia a los consumidores, sino que también impulsa la economía local.
¿Por qué Barcelona se queda atrás?
En contraste, Barcelona ha adoptado una política regulatoria hostil. La capital catalana ha hecho todo lo posible por crear un entorno económico asfixiante para la economía colaborativa. En el sector del transporte compartido, por ejemplo, Barcelona tiene uno de los regímenes de licencias de VTC más estrictos de Europa. En 2018, el gobierno local limitó su número a una por cada treinta licencias de taxis, medida que fue rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al ser considerada discriminatoria y contraria al derecho de la Unión.
Posteriormente, estableció que los vehículos registrados en estas aplicaciones deberían medir al menos 4,9 metros, excluyendo a la mayoría de los conductores de ofrecer sus servicios en el mercado. Todo esto en contra de la opinión de la mayoría de barceloneses, que rechazan abrumadoramente limitar el uso de Uber y aplicaciones similares.
En cuanto a los alquileres turísticos, las regulaciones de Barcelona han restringido severamente el uso de Airbnb, limitando la oferta y aumentando los precios para los visitantes. Esta política de ataque frontal al alquiler vacacional iniciada por Ada Colau ha sido recogida por su sucesor, Jaume Collboni, que asegura que terminará con las 10 mil licencias de pisos turísticos vigentes en la ciudad. Estas medidas no solo afectan a los turistas, sino también a los barceloneses que podrían beneficiarse del ingreso adicional que genera alquilar sus propiedades.
Lecciones del índice global
El Índice de Economía Colaborativa 2024 coloca a Singapur y Tallinn como las dos ciudades más abiertas a la economía colaborativa, seguidas de cerca por Madrid. Estas ciudades comparten un enfoque en la innovación y la flexibilidad regulatoria, que beneficia tanto a consumidores como a emprendedores.
Madrid demuestra que adoptar políticas equilibradas en la economía colaborativa no solo beneficia a los consumidores, sino que también refuerza su posición como líder global. Es hora de que Barcelona tome nota y abandone su enfoque prohibicionista.
