Los propietarios, con su ambición desmedida, están causando que miles de españoles tengan que ver como su poder adquisitivo desciende debido a la subida de alquileres continuada en el tiempo. Sin embargo, otros piensan que son precisamente estos señalamientos los que producen que el precio de la vivienda no pare de subir. ¿Cuánto de verdad hay en cada afirmación?
Hablar de la vivienda no es más que hablar de oferta y demanda, independientemente del uso partidista que se le quiera dar al tema. Aunque la vivienda cumple una función que trasciende lo personal, su fluctuación de precio puede analizarse como la de cualquier otro bien, tal como veremos a continuación.
El primer factor que ha aumentado el precio de la vivienda ha sido el mencionado anteriormente, y no es más que la narrativa popular en contra de los propietarios. Esto ha provocado que muchos opten por no alquilar sus viviendas, reduciendo así la oferta de pisos en el mercado, lo que es una causa directa de su aumento de precio.
Por otro lado, existe una falta de protección jurídica para los propietarios, de forma existe dificultad real para recuperar la vivienda en caso de impago. Esto conduce a los propietarios a retirar viviendas del mercado o endurecen las condiciones de alquiler.
De la misma forma, al existir mayores precios, se produce un aumento de las ocupaciones y de la morosidad, es decir, de inquilinos que no pagan el alquiler a los propietarios, por una u otra razón. La consecuencia de esto vuelve a ser que los propietarios prefieren no alquilar por miedo a perder sus propiedades.
Bajo todo este marco, el gobierno actual hace un llamamiento a la expropiación de viviendas, criminalizando a los rentistas y otorgando así menos garantías aún de poner sus viviendas en alquiler. De nuevo, se produce una mayor inseguridad en el mercado, y en consecuencia más propietarios deciden no alquilar.
El gobierno ha abierto un frente que se traduce en mayores restricciones para los propietarios, a través de leyes que favorecen a los inquilinos actuales o mediante la falta de protección jurídica para los caseros. Sin embargo, parece que no se está considerando un efecto colateral importante: cuando se favorece en exceso a los inquilinos en lugar del propietario, la próxima vez que este alquile su vivienda será mucho más exigente con las condiciones. Esto ya se refleja en la práctica, donde algunos propietarios demandan contratos laborales estables o requisitos que aseguren un nivel de vida determinado, lo que precisamente perjudica a los más vulnerables.
Bajo toda esta batería de medidas, existe además una notable falta de nuevas construcciones y políticas que incentiven la creación de más viviendas, lo que hace que directamente baje la oferta y aumenten los precios.
Precisamente con las medidas que intentan proteger a los más vulnerables se les está excluyendo de la ecuación. Las restricciones y leyes que supuestamente protegen a los inquilinos están haciendo que los propietarios endurezcan las condiciones para futuros alquileres, exigiendo ingresos más elevados y mayores garantías. Esto termina excluyendo a aquellos con menos recursos, ya sea por la estabilidad de sus ingresos o por el mayor precio de la vivienda. Además, la falta de incentivos para construir nuevas viviendas solo agrava la escasez, lo que provoca una subida constante de los precios del alquiler.
Si seguimos culpando o demonizando al propietario podríamos estar afectando directamente de forma negativa a todos aquellos que dependemos del alquiler para vivir en zonas donde, o bien no queremos comprar una vivienda, o bien no estamos dispuestos a asumir el coste inicial de la compra de esta.
