En la lucha contra el tabaquismo, pocos campos de batalla son tan críticos como España. El país ocupa un respetable 10º puesto en el Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo 2024 publicado por Somos Innovación (SI), pero hay indicios preocupantes que sugieren que podría estar retrocediendo.
El plan de control del tabaco en el que trabaja la administración de Pedro Sánchez adoptaría una postura regresiva hacia el vapeo y los productos de tabaco calentado. La ampliación de la prohibición de utilizar estos productos en espacios públicos a zonas al aire libre como terrazas y playas, junto con las propuestas de promulgar normativas más estrictas como requisitos de empaquetado genérico, podría enviar una señal alarmante de que las políticas de reducción de daños pronto podrían ser sustituidas por prohibiciones draconianas.
Estas prohibiciones indiscriminadas no solo privarían a los fumadores españoles de alternativas que podrían salvarles la vida, sino que podrían empujarles hacia mercados ilícitos repletos de falsificaciones de dudosa seguridad desconocida.
De aplicarse estas las medidas, se echarían por tierra años de progreso y se relegaría al país a las filas de los que siguen sumidos en un pensamiento prohibicionista anticuado en lo que respecta a los productos de nicotina más seguros. Bien puede ser que en 2024 la administración Sánchez vaya directamente en contra de las estrategias defendidas por líderes en políticas anti-tabaquismo como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Suecia, que el índice global destaca entre las más eficaces.
Una disyuntiva fundamental
Abandonar un enfoque de salud pública basado en la innovación y la reducción de daños sería un profundo error con graves ramificaciones socioeconómicas. Más allá del inmenso coste de perpetuar las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, estas políticas podrían paralizar la floreciente industria de startups españolas relacionadas con el vapeo y otras alternativas al cigarrillo, erosionando un sector rebosante de inversión, creación de empleo y potencial de ingresos fiscales.
Para una nación que todavía está luchando contra los efectos del COVID-19 y un desempleo juvenil de los más altos de Europa, este debilitamiento autoimpuesto de una industria en ascenso es absurdo desde el punto de vista de la política fiscal. Sacrifica tanto la salud pública como las prioridades económicas en el altar de la ideología.
El Gobierno español se enfrenta a una dura disyuntiva: atrincherarse como una excepción regresiva en desacuerdo con las mejores prácticas mundiales, o reclamar su lugar como vanguardia en la reducción de daños, aprovechando la innovación para salvar vidas y catalizar la reactivación económica. Los responsables políticos prudentes harían bien en escuchar las advertencias que emite el índice anti-tabaquismo de SI.
La evidencia del mundo real reivindica los productos de nicotina más seguros. España no debe retroceder hacia un prohibicionismo sin fundamento y la estigmatización infundada. La salud y la prosperidad de su población dependen de que se mantenga a la vanguardia de esta batalla fundamental de la salud pública. El camino a seguir pasa por el pragmatismo y la elaboración de políticas prudentes y abiertas a la innovación.
