España, bajo el Gobierno de Sánchez, ha sido el país de la UE que más ha subido los impuestos desde 2019, con un incremento próximo a 3 puntos del PIB, multiplicando por 30 el aumento medio registrado en el conjunto de la Unión. Pero para la izquierda nunca es suficiente.
Aprovechando el desconcierto del desastre acontecido en Valencia, el PSOE ha acordado con sus socios de Junts subir el impuesto al diésel, a fin de equiparar su precio con el de la gasolina, de modo que los conductores tendrán que pagar unos 10 céntimos adicionales por litro de combustible.
Asimismo, los socialistas acaban de pactar con los comunistas de Sumar elevar la tributación de los seguros sanitarios privados, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, subir al 30% el tipo marginal del IRPF sobre las rentas de capital a partir de 300.000 euros, crear un nuevo impuesto sobre “bienes de lujo”, suprimir el régimen fiscal de las SOCIMIs, mantener el impuesto especial a la banca e incrementar la fiscalidad sobre el tabaco y los vapeadores, entre otras medidas.
Como resultado, todos los españoles saldrán perjudicados en mayor o menor medida. Para empezar, porque unos 15 millones de conductores tendrán que rascarse el bolsillo a la hora de repostar, pese a que casi la mitad del precio final del carburante ya son impuestos. Igualmente, casi el 25% de la población española, unos 12,5 millones de personas, tendrán que pagar hasta un 21% más por su seguro sanitario privado, pese a que ya pagan vía impuestos un servicio, la sanidad pública, que no usan o bien utilizan menos que el resto de contribuyentes. Y otro 23% también tendrán que pagar más por el consumo de tabaco.
Además, por si fuera poco, dejando al margen las otras figuras tributarias incluidas en los citados acuerdos, tanto el mantenimiento y extensión del impuesto especial a la banca como la eliminación del régimen de las sociedades de inversión inmobiliaria afectará muy negativamente a todos los españoles. El primero porque reducirá la concesión de créditos por un importe próximo a los 50.000 millones de euros. Y el segundo porque reducirá la inversión en la construcción y rehabilitación de viviendas para alquilar. Menos crédito y menos alquileres se traduce, sí o sí, en préstamos y alquileres más caros.
¿Y todo esto a cambio de qué? Pues a cambio de unos servicios públicos que o bien no funcionan o funcionan cada vez peor… O de que llegue una catástrofe como la riada de Valencia y el Estado abandone a las víctimas a su suerte. España no sólo se ha convertido en un estado fallido, como revela a todas luces la nefasta gestión política de la catástrofe de la DANA, sino que es un estado criminal y mafioso, puesto que te roba a manos llenas sin darte nada a cambio.
