La Ley de Tabaco británica, un verdadero acto de cobardía política

El pasado martes el Parlamento Británico aprobó la Ley de Tabaco y Vapeo que prohíbe la venta de cigarrillos o productos con nicotina a todos aquellos nacidos desde el 1 de enero de 2009. Según el Gobierno de Reino Unido, que propuso la norma, se trata de una medida sanitaria que persigue la supresión gradual del consumo de las nuevas generaciones. Sin embargo, la ley sí permite fumar a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009.

Análisis de una chapuza

Si analizamos la noticia desde el punto de vista regulatorio, la medida es una chapuza impropia de un poder legislativo que presume de pulcritud y de estar en una posición de vanguardia liberal. Es una pura contradicción permitir la venta de tabaco y al mismo tiempo prohibir su compra sine die a quienes hayan nacido a partir de una determinada fecha pues, en realidad, lo que hace esta ley es prohibir, en diferido, la venta de tabaco ya que una vez hayan fallecido todos los nacidos antes del 1 de enero de 2009 la venta de tabaco estará legalmente permitida pero la compra no. Curiosa técnica legislativa.

Si la analizamos desde la perspectiva de los derechos y libertades individuales, esta medida es intolerable y vulnera el principio de igualdad consagrado en los estados de derecho y democracias liberales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en muchos otros convenios de los que seguramente Reino Unido forme parte.  No es aceptable que al mismo tiempo una persona pueda comprar tabaco y otra no. ¿Dónde está en este caso la igualdad? ¿Quién es el Estado para permitir a una persona hacer una cosa y prohibírsela a otra por razón de su edad, aunque ambos tengan la mayoría de edad? El Estado carece de esta legitimidad y mucho más teniendo en cuenta que la medida se adopta como medida sanitaria, pues en el ámbito sanitario debería respetarse aún más la observancia del principio de igualdad entre los ciudadanos.

Cobardía política

Desde el punto de vista político, esta medida, aparte de suponer una intromisión ilegítima y, en mi opinión, contraria a los derechos individuales que sólo por eso deberá ser anulada, supone un verdadero acto de cobardía de los políticos que la han apoyado. No seré yo quien proponga la prohibición del tabaco, ni de ninguna sustancia análoga, pero si la voluntad política es acometer dicha prohibición, esos políticos deberían tener la valentía de hacerlo abiertamente.

Pero el Gobierno de Sunak prefiere darse una imagen de protector de la población y, al mismo tiempo, evitar incurrir en la figura de prohibición impropia de las sociedades liberales. Pues bien, ni el poder político debe proteger a sus ciudadanos entrometiéndose en el desarrollo ordinario de sus vidas, pues eso supone privarlos de libertad, ni debería esconderse detrás de una falsa imagen de buenismo con el objeto de ocultar la prohibición que esta ley, en realidad, impone a la venta de tabaco aunque sea en diferido. Es una prohibición que se oculta por pura cobardía política.