La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende reducir por ley la jornada laboral en España desde las 40 horas a la semana hasta las 37,5 en 2025, sin que ello conlleve en ningún caso recorte de sueldo. Y lo hará con o sin el visto bueno de la patronal de empresarios, lo cual ya se ha convertido en norma bajo su particular mandato en el ámbito laboral. Sin embargo, al contrario de lo que pudieran pensar muchos, semejante medida perjudicará al conjunto de los trabajadores, en mayor o menor grado, y, muy especialmente, a los más vulnerables.
El Gobierno de PSOE y Podemos, por tanto, se equivoca una vez más. No todos se verán afectados, puesto que, hoy por hoy, ya hay numerosos convenios que contemplan la jornada de 37,5 horas, sobre todo en la industria, en las grandes empresas y en el sector público. Pero su aprobación supondrá un aumento medio del 6% en los costes laborales que soportan las empresas y, en ausencia de un incremento similar de la productividad, se traducirá en inflación y destrucción de empleo.
Por un lado, muchas empresas trasladarán ese mayor coste al precio final de sus bienes y servicios, de modo que la factura la pagará el consumidor, mientras que otras, pymes en su mayoría, verán reducidos sus beneficios o entrarán en pérdidas, de modo que, en el mejor de los casos, reducirán plantillas y sueldos y, en el peor, cerrarán. Así pues, la nueva ocurrencia de la ministra saldrá muy cara tanto a los consumidores como a trabajadores, parados y contribuyentes. Nadie sale ganando, excepto la propia Yolanda, siempre y cuando logre vender con engaños semejante medida.
Estimaciones hay muchas y todas son negativas. Cepyme, por ejemplo, calcula que la citada reducción de jornada costará más de 42.000 millones de euros a las empresas, entre el incremento del coste laboral y la pérdida de producción. Por sectores, el más perjudicado sería el comercio, con algo más de 10.000 millones, seguido de la industria manufacturera, con unos 6.700, y la hostelería, con 5.600 millones de euros.
Asimismo, BBVA Research calcula que, a cinco años vista, la economía española crecería 2,6 puntos menos, mientras que el empleo se reduciría en 3,4 puntos, de modo que se dejarían de crear cerca de 700.000 puestos de trabajo. De hecho, algo similar puso en marcha la muy socialista Francia a finales de los años 90, tras reducir la jornada de 39 a 35 horas semanales, y el desastre fue tal que pocos años después tuvieron que dar marcha atrás. La reducción de jornada por decreto trajo consigo estancamiento salarial, menor flexibilidad para escoger horario y mayor insatisfacción laboral de los trabajadores.
La economía es muy tozuda. La única forma de reducir el tiempo de trabajo de forma positiva y sostenida en el tiempo es mediante el aumento de la productividad. Gracias al capitalismo, hoy se trabajan menos horas que hace 150 años. A finales del siglo XIX, los alemanes trabajaban de media unas 3.300 horas al año, frente a las 1.350 horas que disfrutan en la actualidad, casi un 60% menos. En España, mientras tanto, se ha pasado de 3.000 a cerca de 1.700, un 40% menos. Y semejante milagro no ha sido obra de los políticos ni los sindicatos, sino de la productividad. A mayor productividad, más renta y menos horas de trabajo.
El problema de España es que la productividad por ocupado lleva estancada años, de modo que cualquier intento de reducir la jornada a las bravas, al igual que sucede con el incremento del salario mínimo, se terminará traduciendo en mayor coste laboral y, por tanto, en precios más altos, menos crecimiento y destrucción de empleo. Así pues, la reducción que plantea el Gobierno empobrecerá aún más a los españoles.
