Nada es gratis. Sin embargo, son muchos los políticos que nos intentan vender lo contrario cuando hablan de servicios públicos. Valga como ejemplo la ministra de Sanidad, Mónica García, que hace escasos días desgranó el coste que tienen diferentes intervenciones, desde un trasplante de pulmón (70.000 euros) o una operación de rodilla (4.500) hasta un embarazo (4.000) o un bypass (25.000), para, justo a continuación, afirmar que, gracias a la sanidad pública, todo esto cuesta cero euros.
La mentira, además de burda y grotesca, no puede ser mayor. La sanidad pública no sólo no es gratuita, sino que cuesta un dineral y, de hecho, sale muy cara en comparación con la calidad y atención que ofrece. La sanidad, al igual que el resto de servicios que presta el Estado, se paga con impuestos, ya sean presentes o futuros (deuda pública).
En este caso concreto, el coste anual superó los 93.000 millones de euros en 2022, según el último dato oficial disponible. Esta cifra supone casi el 15% del gasto público total, el 7% del PIB y un 22% más que en 2019. ¿Esto es mucho o poco? Pues, para empezar, se trata del mayor gasto público destinado a sanidad de la historia, por encima incluso del importe registrado en 2020, en plena pandemia, con 85.500 millones. Además, el personal sanitario también marca máximos históricos, con más de 760.000 profesionales.
¿Quién lo paga? Pues, como todo, los españoles con sus impuestos. La sanidad pública cuesta de media unos 2.000 euros a cada hombre, mujer y niño que reside en el país; y cerca de 4.400 euros si sólo se tienen en cuenta los trabajadores. De gratis, por tanto, nada. De hecho, la sanidad pública sale muy cara, puesto que funciona cada vez peor. Hay casi 850.000 pacientes a la espera de una operación, todo un récord, con una tardanza media de 128 días para entrar en quirófano. Mientras que la demora para ser atendido por un especialista supera los 100 días de media.
Por último, también resulta menos eficiente. Prueba de ello es que la gestión privada sale, de media, un 30% más barata que la pública. Asimismo, un funcionario cuesta unos 1.700 euros al año en la sanidad pública, frente a los poco más de 1.000 que supone la cobertura privada a través de Muface, casi un 40% menos. Y la valoración de la sanidad privada es superior, con una nota media de 7,3 puntos, frente a los 6,3 de la pública.
Los datos no mienten, a diferencia de lo que pregona la ministra. La sanidad pública no sale gratis; resulta cara en comparación con la calidad que ofrece; y es mucho menos eficiente que la privada. No es casualidad, por tanto, que más del 80% de los funcionarios —los únicos que pueden escoger libremente este tipo de prestación— opten por la sanidad privada en lugar de la tan venerada pública. Si el Gobierno permitiera esto mismo a todos los españoles, más de uno se llevaría una sorpresa. Por eso mismo, ni se lo plantean, no vaya a ser que la gente descubra que el rey está desnudo.
