El Ayuntamiento de Madrid liderado por José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que va a suspender de manera inmediata el otorgamiento de licencias para viviendas de uso hasta que se apruebe la próxima modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) que regulará de forma específica el uso turístico en viviendas.
Es cierto que hoy en día, y especialmente en Madrid, existen miles de viviendas que son destinadas por sus propietarios al uso turístico sin estar autorizadas para ello, con las consecuencias que esta irregularidad supone en términos de seguridad para huéspedes y vecinos o fraude fiscal, entre otras cosas, y que exige que esta materia deba ser objeto de una urgente regulación. También es cierto que esta situación irregular ha sido provocada por el atractivo turístico y de ocio en que Madrid se ha convertido desde hace no muchos años tanto para ciudadanos españoles como extranjeros, atractivo que supone un fenómeno social y económico que sitúa a Madrid entre los primeros destinos turísticos del mundo, del que nos beneficiamos todos los madrileños y españoles y que, de ninguna manera, debe ser despreciado por los políticos.
A pesar de que, en general, soy partidario de reducir cualquier tipo de regulación a lo mínimo, de forma que la intervención administrativa afecte lo menos posible al libre desarrollo de la actividad económica objeto de regulación, acepto que el uso turístico de las viviendas deba ser regulado en este momento en que, como he expuesto, se ha extendido el uso turístico irregular de las viviendas. Por eso celebro que el Ayuntamiento de Madrid haya tomado la iniciativa de regular esta actividad económica en el PGOU de Madrid, pero, eso sí, siempre que la nueva regulación no limite la actividad turística.
Las medidas supuestamente protectoras
En este sentido, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se pueden ver tentados a adoptar medidas que puedan considerarse protectoras de los ciudadanos madrileños ante los abusos o excesos del turismo tales como la limitación del número de viviendas turísticas, establecimiento de un número máximo de licencias por distrito, imposición de un número mínimo de noches por reserva, imposición de precios mínimos o máximos por reserva y otras muchas medidas que limiten las posibilidades de alquiler y pernoctación de los turistas. No es, en absoluto, conveniente que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid incluyan este tipo de medidas en la próxima regulación, pues ello implicaría una inmediata reducción de la oferta turística, con el consecuente incremento de precios por reserva y la pérdida de interés por visitar Madrid.
Al contrario, creo que para conseguir dotar de seguridad y cumplimiento normativo a la actividad turística que hoy se desarrolla en Madrid sin provocar su freno e incluso fomentar aún más su crecimiento, sí sería deseable regular las condiciones mínimas o básicas de seguridad de las viviendas y sus accesos, limitar determinadas actividades que los huéspedes puedan realizar en las viviendas para evitar molestias a vecinos, crear cauces de comunicación directa entre la administración y los propietarios de las viviendas para reducir el desarrollo irregular de esta actividad e incrementar las sanciones tanto a propietarios de las viviendas como a huéspedes que incumplan la normativa.
En conclusión, la nueva regulación del uso turístico de viviendas no debería limitar esta actividad por presumir que huéspedes y propietarios incumplirán las normas y causarán molestias (recordemos que la única presunción aceptable es la de inocencia), sino que deberá dar una respuesta realista y adecuada al fenómeno turístico que vive Madrid fomentando el desarrollo y el crecimiento de esta actividad en términos de calidad y economía. Y, por último, no castiguemos a la sociedad limitando esta actividad. Castiguemos sólo a los incumplidores.
