Imagen: EFE/Ismael Herrero
Las pruebas ordinarias de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) comenzaron hace ahora poco más de una semana y ya todos los alumnos de todas las comunidades autónomas se han enfrentado a los exámenes que determinarán qué carrera estudiarán y dónde. Los primeros fueron los de la Comunidad de Madrid y La Rioja, cuyas pruebas se llevaron a cabo del 3 al 6 de junio; y los últimos han sido los de las Islas Baleares, con exámenes programados para los días 11, 12 y 13 de junio.
De hecho, muchos de ellos ya han podido consultar las calificaciones de sus pruebas, como por ejemplo los andaluces, los aragoneses, los madrileños o los gallegos, entre otros. Hoy, 14 de junio, se publican las notas de los estudiantes de Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja.
Todos estos alumnos se han examinado bajo la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como ‘ley Celaá’, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2020. Se trata de la octava ley educativa aprobada en España en 50 años de democracia, que refleja la incapacidad de los populares y los socialistas para llegar a un pacto por la educación que dé estabilidad al marco normativo.
Y es que la educación siempre ha sido una de las principales tareas pendientes en España, y uno de los pilares más importantes donde los gobiernos pueden meter mano. Un asunto tan básico que sigue cambiando cada vez que el Parlamento cambia de mayorías, incluso a veces antes de que la anterior norma -de distinto signo político- se hubiera implementado del todo. Una sopa de siglas -desde la LOECE de 1980 hasta la LOMLOE- que repercute en la calidad de la enseñanza, según advierten los expertos en educación.
Tal y como han apuntado en repetidas ocasiones, los partidos mayoritarios -PP y PSOE- hacen de la educación con el objetivo de diferenciarse del contrario e intentar atraer cada uno a su electorado. También es una forma de hacer política que prima la confrontación por encima del diálogo y el consenso. El coste no solo es social, añaden, sino también económico. El resultado: nueve leyes educativas en 50 años y un empeoramiento en la calidad de la enseñanza.
Desde 1990, cuando la LOGSE sustituyó a la antigua EGB y el viejo BUP -que se implantaron cuando aún no había terminado la dictadura franquista- por Primaria, la ESO y el Bachillerato, la estructura de los cursos ha permanecido estable, pero se han ido modificando otros aspectos referentes a los centros concertados, las asignaturas de Religión y Educación para la Ciudadanía o similares, o el porcentaje de las materias que fija el Ministerio en las comunidades con lengua cooficial propia.
Estas son todas las leyes educativas que se han aprobado en España desde los últimos años del franquismo hasta ahora.
Ley General de Educación (LGE), 1970. Franquismo
Esta ley entró en vigor en agosto de 1970, impulsada por el ministro de Educación José Luis Villar Palasí durante la última etapa del franquismo, y estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años. Además, introdujo una nueva estructura educativa que se mantendría vigente hasta los años 90, con la EGB (Enseñanza General Obligatoria) desde los 6 a los 14 años, el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y el COU (Curso de Orientación Universitaria) desde los 14 a los 18 años y la FP (Formación Profesional), una alternativa “con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores», según la marcaba la ley.
Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980
Se trata de la primera norma en democracia. Fue aprobada en junio de 1980, con UCD en el Gobierno y bajo la firma del ministro José Manuel Otero. Fue una ley de transición y la primera en materia de educación que se aprobó tras la Constitución de 1978. Introducía un modelo democrático en la organización de los centros docentes y regulaba la creación de órganos colegiados de gobierno con representación de todos los sectores de la comunidad educativa, entre ellas las asociaciones de padres de alumnos.
Sin embargo, el PSOE la recurrió por no respetar la Constitución y el Tribunal Constitucional le dio la razón en bastantes puntos, por lo que UCD debía revisar la Ley en profundidad, pero el golpe de Estado del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE lo evitó y no llegó a entrar en vigor.
Las tres leyes educativas de Felipe González: LODE, LOGSE y LOPEG
Ya con el PSOE en el Gobierno, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) fue aprobada en 1985 con José María Maravall como ministro de Educación. Si bien esta norma mantuvo la estructura de las enseñanzas tal y como estaban reguladas en la Ley del 70, con la EGB y el BUP, se modificó el antiguo sistema de subvenciones a colegios privados por un nuevo sistema de conciertos, que obligaba a los centros a cumplir una serie de requisitos e imponía un baremo que les obligaba a admitir preferentemente a los niños que residían más cerca de cada colegio, a los de menores recursos económicos o a los que ya tenían hermanos en el centro.
Además, contempló por primera vez el derecho de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios a participar en la gestión y funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a través de los consejos escolares. Su entrada en vigor tampoco estuvo exenta de polémica ya que también vivió su paso por los tribunales, lo que hizo se retrasara su tramitación.
Cinco años más tarde se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) durante el Gobierno de Felipe González y con Javier Solana Madariaga como ministro de Educación. Esta ley introdujo algunos de los cambios más profundos en Educación, como la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años, el descenso de 40 a 25 alumnos por clase y la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados (idiomas, música o educación física).
Acabó con la estructura establecida por la LGE de los años 70 y dividió los ciclos académicos de los alumnos en Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato, ciclo no obligatorio desde los 16 a los 18 años, el mismo periodo en el que se puede cursar la Formación Profesional de grado medio. Es esta misma estructura la que sigue vigente a día de hoy.
La última de las normas impulsada por los socialistas fue la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), en 1995. Tenía el objetivo de complementar a la LOGSE y se aprobó con Gustavo Suárez Pertierra como ministro. Otorgaba mayor autonomía a los centros educativos y obligaba a los colegios concertados a admitir alumnos pertenecientes a minorías sociales.
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002
En su segunda legislatura, el popular José María Aznar logró sacar adelante la LOCE en 2002, cuando la LOGSE llevaba apenas un curso completamente implantada. Entró en vigor en 2003 y establecía diferentes itinerarios en la ESO y el Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una prueba de reválida al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable.
Sin embargo, la victoria del PSOE en 2004 y un posterior real decreto aprobado por el nuevo gobierno socialista paralizó la aplicación de muchos de los puntos que incluía esta ley, que vieron la luz muy poco tiempo porque en 2006 se aprobó una nueva norma educativa.
Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006
Ya con Zapatero en el Gobierno y con María Jesús San Segundo como impulsora -posteriormente la desarrolló su sucesora Mercedes Cabrera-, esta ley derogó las leyes educativas anteriores (la LOGSE, la LOPEG y la LOCE) salvo la LODE de 1985, aunque mantuvo la estructura que marcaba la LOGSE.
Entre las novedades, incluía la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía y mantenía la de religión como oferta obligada por los centros, pero optativa para los alumnos. Permitía pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos, como máximo, y se blindaban las enseñanzas comunes que debían impartirse en todas las comunidades.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013
A finales de 2013, el popular Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ‘ley Wert’ por el entonces ministro José Ignacio Wert. Eliminaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la Selectividad, que era sustituida por reválidas en cada una de las etapas educativas, aunque estas últimas no llegaron a implantarse. Uno de sus aspectos más polémicos es que abrió la puerta de los conciertos a centros que segregan a los alumnos por sexo.
Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) o ‘ley Celaá’, la actual
La última ley educativa aprobada en España es la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o ‘ley Celaá’ por la entonces ministra de Educación Isabel Celaá. Entre sus puntos, establece la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza; que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deban disponer de los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que Ética no sea obligatoria en 4º de la ESO. También elimina la «demanda social» para la apertura de nuevos centros concertados y cierra la puerta de fondos públicos a los que separan a niños y niñas. La Religión vuelve a no contar para nota.
El principal obstáculo para la enseñanza: las numerosas leyes educativas
El Consejo de Europa destacó hace unos meses que la frecuencia de las reformas educativas es el principal obstáculo que tienen los profesores para la enseñanza de la asignatura de Historia en España. Así lo refleja el informe general sobre el estado de la enseñanza de la Historia en Europa elaborado por el Observatorio de Enseñanza de la Historia en Europa (OHTE).
Además del frecuente cambio en las leyes educativas españolas, la investigación apunta al poco tiempo que tienen los profesores para preparar lecciones o al tiempo asignado a la materia de Historia en el plan de estudios como otros obstáculos para la enseñanza de esta asignatura.
«Repercute en un déficit de igualdad de oportunidades»
Otros expertos, como Diego Sevilla, catedrático jubilado de la Universidad de Granada, apunta a que las numerosas leyes educativas afectan “sin lugar a dudas” a la calidad de la misma. «Para los centros educativos y profesorados es mareante. ¿Qué valor le das a una ley que te están diciendo que si gana el otro partido la va a cambiar de arriba abajo? ¿Para qué me voy a esforzar en todo lo que habla de objetivos, contenidos, etc… si es una cosa totalmente aleatoria y transitoria que depende de quién esté en el Gobierno?».
Por su parte, el catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia Juan Manuel Fernández Soria cree que la consecuencia de no tener una reforma educativa estable es que «los profesores, la comunidad social, se desenganchan de su compromiso con la educación, al no comprender el porqué de estos vaivenes tan rápidos (…) Impide que profesores y la comunidad social comprendan y asuman también sus obligaciones».
Todo ello, añade, «repercute en un déficit de igualdad de oportunidades, porque no nos engañemos, los repetidores y las tasas de abandono escolar inciden sobre todo en la población más desfavorecida social y económicamente hablando y esto tiene como consecuencia un déficit de cohesión social. Una democracia sana, que aspire a perdurar, necesita estar cohesionada socialmente y para eso necesitamos una reforma educativa estable».
