La banda terrorista ETA cesó su actividad armada hace más de 10 años. Aunque el Estado de Derecho prevaleció sobre el terrorismo, ETA sigue ocupando un lugar central en el debate político nacional en España. Es común que en alguna sesión parlamentaria se haga referencia a la organización. Una de las principales demandas de la izquierda abertzale es el traslado de los presos vascos a cárceles del País Vasco. Sin embargo, el legado de ETA se mantiene en aquellos miembros que aún se encuentran huidos. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Pueden ser extraditados? ¿Mantienen vínculos con el terrorismo internacional? A estas preguntas trataremos de dar respuesta.
Los criminales mal llamados “refugiados políticos”
Hoy en día, la izquierda abertzale, encarnada principalmente en EH Bildu, ha centrado su acción política en desligarse de ETA, blanquear el pasado terrorista y acercar a los presos etarras a cárceles vascas. Si bien en la actualidad EH Bildu está, poco a poco, dejando de lado sus rasgos más nacionalistas, se asemeja cada vez más a partidos como Podemos o Sumar, en los que el discurso afín a causas minoritarias, el feminismo, la ideología queer y lo woke predominan. Se trata de un discurso más atractivo electoralmente, intentando desvincularse del pasado terrorista.
Paulatinamente, EH Bildu busca dejar el carácter abertzale e independentista a consignas más residuales o vacías. Sabiendo que prácticamente ya no quedan presos etarras fuera de las cárceles vascas, las referencias a la banda terrorista en Bildu comienzan a ser minoritarias.
Arnaldo Otegui, actual coordinador general de EH Bildu, calificó a los etarras huidos o en paradero desconocido como “refugiados políticos”. Estas polémicas declaraciones las realizó cuando era líder de la ilegalizada Sortu en el Parlamento Europeo.
«Todos los presos políticos vascos deben salir de prisión y los refugiados deben volver«, declaró Otegui en el Parlamento Europeo durante su participación en el debate sobre ‘La situación del proceso de paz vasco’.
Además, Otegui afirmó que «hay una actitud insaciable de quienes jamás considerarán suficiente nada de lo que hagamos», pero aseguró que «no vamos a perder la sonrisa». Según él, la izquierda independentista «ha hecho todo lo que estaba en su mano», pero el Estado «no se ha movido un milímetro».
ETA asesinó a 853 personas durante sus 50 años de actividad criminal, según las cifras de las asociaciones de víctimas. De ese total, 377 crímenes siguen sin resolverse, lo que significa que en el 44% de los asesinatos no se conoce al autor material.
En la actualidad, hay 26 etarras prófugos distribuidos por diversos continentes, principalmente en América Latina y África. Según la Fiscalía General del Estado, actualmente existen alrededor de 40 etarras huidos, de los cuales más de la mitad, 24, tienen requisitorias judiciales. Los demás no están siendo buscados porque sus delitos han prescrito.
En España, según el Código Penal, un delito prescribe a los 20 años si la pena máxima de prisión es de 15 o más años. Sin embargo, en los casos de terrorismo, genocidio o crímenes de lesa humanidad, no se aplica ningún plazo de prescripción, lo que significa que los crímenes de los etarras huidos no prescriben y pueden ser enjuiciados si regresan a España.
Aunque las cifras sobre los etarras prófugos y los crímenes sin resolver pueden variar, lo cierto es que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen en sus listas a estos criminales. El último gran éxito en este ámbito fue la detención de Josu Ternera (José Antonio Urrutikoetxea), un líder histórico de ETA, capturado en Sallanches, Francia, en una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Interior francesa y la Guardia Civil española.
Josu Ternera vivía en una cabaña en la montaña, donde adoptó la identidad de un escritor de novelas colombiano ante sus vecinos. Se le atribuye el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de 1987, en el que fallecieron 11 personas, de las cuales 6 eran niños.
La cuestión de los etarras huidos pasa casi inadvertida en los medios de comunicación y es prácticamente desconocida para la sociedad civil. En este contexto, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia lanzó la campaña #StophuidosdeETA, con el objetivo de visibilizar la situación y mantener la lucha contra el terrorismo activa.
A través de esta campaña, la asociación ofrece recompensas de entre 2000 y 5000 euros por información sobre el paradero de los etarras prófugos. La finalidad es evitar que la impunidad prevalezca frente a estos criminales, quienes no tienen el estatus de “refugiado político”, como intenta presentar Arnaldo Otegui.
Actualmente, muchos de estos individuos se esconden en Latinoamérica y África, pero los principales santuarios etarras se encuentran en Cuba y, sobre todo, en Venezuela.
Venezuela, el santuario etarra por excelencia
Las buenas relaciones entre Venezuela y la ETA no son un secreto. En numerosas ocasiones el chavismo y el propio Hugo Chávez han mostrado sus simpatías por la banda terrorista. Tal es así que se han permitido los ejercicios conjuntos de ETA y las FARC en territorio venezolano, todo ello con la connivencia del gobierno bolivariano, ya fuese con Hugo Chávez o con Nicolás M
Es un secreto a voces que muchos de los etarras fugados se encuentran en Venezuela, la colonia etarra en dicho país es la más grande de Latinoamérica. Recientemente, la detención del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo «El Pollo» Carvajal, aclaró varios asuntos al respecto. Así, en relación con los etarras huidos, «El Pollo» Carvajal afirmó que: “Se ordenó al Servicio de Inteligencia no perseguir a los miembros de la banda terrorista”. De tal manera, se confirma que Venezuela es el santuario de ETA donde se ha permitido de forma explícita que los etarras campen a sus anchas impunes.
Tanto es así que Venezuela ha denegado de manera sistemática las órdenes de extradición a etarras prófugos. Durante los años 2000 y 2010, ese país denegó hasta 21 peticiones de entrega procedentes de España, siete de ellas de personas vinculadas a ETA: Luis María Olalde Quintela, Miguel Ángel Aldana Barrena, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Jesús Ricardo Urteaga Repollés, Martín Sansebastián Aguirre e Iñaki Landazabal Echeverría.
No es novedad que Venezuela fuera un destino de los etarras, una situación que se empezó a dar en los años 80 tras los acuerdos firmados entonces por el presidente del Gobierno de España, Felipe González, y el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, quien aceptó tener miembros de la banda en su territorio. No obstante, durante el chavismo esta relación se hizo más estrecha, tal y como indicó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en marzo de 2010. La mayoría vive en Caracas, Cumaná, Chichiriviche y otras zonas.
El etarra que abrió la veda de los desplazamientos a Venezuela y quien se ha postulado como el “padrino” fue Arturo Cubillas Fontán. Un etarra que fue deportado a Venezuela desde Argelia en 1989 con otros grupos de vascos a otros países de Latinoamérica y África. Está acusado de seis asesinatos y de haber formado parte del comando Oker, grupo del que también eran miembros Idoia López Riaño, la Tigresa, y José Ángel Aguirre Aguirre. El general chavista anota de su puño y letra en el documento «ETA en Venezuela» el apoyo del Gobierno chavista a este asesino. La Audiencia Nacional solicitó su extradición en 2010 como sospechoso de haber organizado encuentros entre ETA y las FARC para el intercambio de experiencias y adiestramiento militar.
Al comando Oker se le atribuyen los siguientes asesinatos: el del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; el de Ángel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes (Guipúzcoa), y el del policía nacional Máximo García Kleinte, ocurrido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.
Además, el comando prendió fuego a la empresa aceitera Koipe, causando pérdidas materiales valoradas en cientos de millones de pesetas, tanto en esta empresa como en otras que tenían sus instalaciones en el mismo polígono industrial de Martutene, en San Sebastián. El comando Oker perpetró también una veintena de atentados incendiarios, con explosivos y ametrallamiento de camiones y empresas de capital francés, además de atracos bancarios.
Cubillas además se encuentra plenamente integrado en el entramado chavista, en el año 2003 el Gobierno de Hugo Chávez le concedió la nacionalidad. Además, se encontraba trabajando en la administración pública venezolana como funcionario, concretamente como Director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
La labor de Arturo Cubillas en aquel país transciende la mera colaboración, “para conformar un delito de integración en la estructura terrorista de ETA como dirigente de la misma en el continente americano desde tierra venezolana”. Como tal, al menos entre 2004 y 2008 mantuvo “contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los comandos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora de armamento y técnicas terroristas”.
Como ejemplos de la importancia de Cubillas en ETA, el auto de la Audiencia Nacional expone que en septiembre de 2007, el entonces cabecilla de la banda, Francisco Javier López Peña “Thierry”, mandó a Caracas a Iraitz Gesalaga para que le enseñara a hacer cambios en el programa de encriptado que utilizaba para comunicarse con la dirección etarra. Un año después, Mikel Kabikoitz Carrera “Ata”, jefe de los comandos de la banda, envió a los etarras Javier Atristain y Juan Carlos Besance a Venezuela para que recibieran un cursillo de armas y explosivos ante la imposibilidad de hacer ensayos de tiro en territorio francés por la presión policial.
Ambos etarras viajaron a Caracas el 25 de julio de 2008, donde los recibieron Arturo Cubillas, Iurgi Mendinueta y José Lorenzo Ayestarán “Bigotes”. Tras un cursillo de electrónica para confeccionar explosivos y artefactos-trampa, Cubillas les trasladó hasta una zona residencial de vacaciones, donde dos venezolanos sin identificar les impartieron un cursillo de montaje y desmontaje de armas y, posteriormente, un curso de tiro de arma larga con mira telescópica en el que también participaron dos ciudadanos chilenos.
Cubillas no solo se encuentra trabajando para la administración venezolana, y es su papel va más allá y, de hecho, los lazos con el terrorismo internacional de las FARC se plasman a través de la Coordinadora Simón Bolívar. La Coordinadora Simón Bolívar (CSB) es un movimiento político comunitario de izquierda en Venezuela, alineado con el chavismo.
Es bajo esta organización donde se vertebra un auténtico movimiento de defensa del terrorismo internacional, donde la causa etarra está bien vista, ya sea con pintadas en favor de la independencia, el logo de la banda terrorista ETA o acciones como los atentados contra la embajada española en Venezuela en el año 2003. El 25 de febrero de 2003, en horas de la madrugada, ocurrió un doble atentado terrorista contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas que dejaron un saldo de al menos tres heridos.
Colectivos de la izquierda abertzale se han aliado con la denominada Coordinadora Simón Bolívar, vinculada al partido del presidente de Venezuela, y a los Comités de Defensa de la Salud Palestina, que opera tanto en Cisjordania como en Gaza, para participar juntos en eventos internacionales.
Pintada con el logo de ETA en el muro de la embajada española en Venezuela firmado por la CSB
Cubillas es la cabecilla de una larga lista de asesinos sanguinarios que viven con total impunidad al calor del chavismo. Cubillas Fontán reside en el municipio Libertador de Caracas, en la “Ubanización Valle Abajo, al lado de la iglesia San Pedro y la panadería Pan del Abuelo”, según la ficha técnica del registro electoral aportada por el ex jefe de la Inteligencia chavista y difundido por Okdirario.
Otro de los grandes protegidos por el chavismo es Xabier Arruti Imaz, quien ostenta la cédula V-20129999, un histórico miembro de la banda al que los expertos en la lucha antiterrorista colocan al frente de la estructura que ETA mantiene en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro le otorgó un cargo dentro de la entidad pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y ahora reside en la Avenida Principal Playa Norte en Chichiriviche, en el Estado de Falcón.
Arruti llegó a Venezuela en los años 80, huyendo de la Justicia, y ocupó cargos de responsabilidad en el PSUV del Estado de Falcón. Además, montó un restaurante en Chichiriviche, al oeste de Caracas. Fue en esa localidad precisamente donde coincidió con el etarra De Juana Chaos, quien montó una licorería para obtener ingresos complementarios a los que periódicamente le transfiere ETA.
Según desveló El Confidencial, consta en la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que el líder de ETA en Venezuela trabaja actualmente para la compañía Gas Comunal S.A., una filial de PDVSA. Arruti gana 11.976 bolívares al mes, equivalentes a 1.669 euros, más del doble del salario mínimo, pese a no tener ningún tipo de experiencia profesional conocida en el sector del gas ni de los hidrocarburos.
Asier Guridi Zaloña, alias Gari, vive en Caracas. A finales del año 2023, Nicolás Maduro le otorgó el estatus de refugiado como gesto de apoyo a los etarras separatistas vascos buscados por España. «Al obtener el Estatus de Refugiado tendré acceso a tener un documento de identidad ordinario», escribió el miembro de ETA en su red social. El etarra tiene dos órdenes de búsqueda, detención y personación dictada en 2004 y 2013 por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo.
Hoy 7 de diciembre a las 3:00pm se han dado las condiciones para dar por finalizada la huelga de hambre. Aún manteniéndose la cerrazón y el ánimo de venganza del Estado Español ha sido el Gobierno Bolivariano de Venezuela la que ha dado el paso otorgando el Estatus de Refugiado pic.twitter.com/ZlYvnaSlO0
— Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) December 7, 2021
Luis Alberto Trincado Gallaga, quien posee la cédula de identidad V-996133, figura en la lista oficial difundida por la Policía Nacional en relación con los prófugos etarras que se encuentran en busca y captura. Sin embargo, este etarra asegura que no tiene lazos con la banda. Este prófugo reside en el poblado Pacheco, en el Estado Miranda. Ignacio José Echaniz Oñatibia, con cédula V-19294773, trabaja como comerciante en la empresa Maule S.A., una agencia de eventos. Según los datos que constan en el documento de «El Pollo» Carvajal, vive en Cumaná (Venezuela), en la avenida Panamericana número 112. Está casado con la venezolana Marleni Ortiz, quien también trabajaba en una agencia de festejos y poseen un vehículo Siena color blanco, según refleja el dosier.
Otra manera de eludir las cuentas con la justicia fue la usada por Juan Manuel Bereciartúa Echániz, quien es señalado como coautor en 1978 del atentado en el que fueron asesinados los guardias civiles Lucio Revilla y José Rodríguez. El Gobierno de Hugo Chávez procedió a concederle la nacionalidad en 2003.
Asesinos sanguinarios y etarras balseros
Entre los etarras acogidos por el régimen chavista destacan dos nombres por sus sanguinarias acciones. Por un lado, Iñaki de Juana Chaos, cuyo nombre completo es José Ignacio de Juana Chaos, es uno de los exmiembros de ETA más sanguinarios. Nació el 21 de septiembre de 1955 en Legazpi. Fue detenido en 1987 y condenado por su participación en 25 asesinatos, recibiendo una sentencia acumulada de casi 3.000 años de prisión. Sin embargo, debido a las leyes penales vigentes en ese momento, solo cumplió 18 años de prisión.
Tras huir a Irlanda del Norte y posteriormente a Venezuela, se asentó en la localidad costera de Chichiriviche, donde montó una licorería y rehízo su vida con su mujer e hijo. Sobre este criminal pesa una orden de extradición de España y varias requisitorias de la Interpol. Órdenes que el gobierno venezolano no acata ni parece que quiera acatar. Es sabido que ha estado viviendo de dinero girado por la banda, según El Mundo.
Otro sanguinario asesino es José Luis Eciolaza Galán, alias ‘Dienteputo’. Sus primeros pasos en la banda terrorista ETA se dieron en el «comando Gohierri Kosta» el cual asesinó, solo entre 1980 y 1983, a 22 personas y es recordado por ser uno de los más sangrientos de la época. Cumplió varias condenas penales en Francia y residió en ese país. También residió en México, y se le consideró jefe de la estructura ‘Bikingoak’, que da soporte a los terroristas huidos en el extranjero.
En torno a 2008 las Fuerzas de Seguridad detectaron que había vuelto a Francia y que ocupaba un puesto relevante en la cúpula de ETA. La presión policial le obligó a marcharse de nuevo a América, y se le ha ubicado en Venezuela, aunque ahora algunas fuentes apuntan a que podría residir en Argentina concretamente en Córdoba.
Eusebio Arzalluz Tapia, alias ‘Paticorto’, pasó en distintas etapas al frente del aparato logístico de ETA, encargado de abastecer de explosivos y otros materiales armamentísticos a los comandos. Pasó por Nicaragua y también se reincorporó a la cúpula en la última década de vida activa de la banda. En su caso, se le ha ubicado en Cuba.
Por su parte, resulta paradójico el caso de Elena Bárcena Argüelles, Javier Pérez Lekue y José Ignacio Echarte Urbieta, residentes en Cuba. Tras mostrar su crítica y disconformidad con las autoridades cubanas y tachar la isla de una «cárcel», decidieron huir a bordo de un velero con el objetivo de alcanzar las costas de Venezuela.
Tras días de travesía, encallaron en la isla venezolana de Los Roques, a pocos kilómetros del continente. No obstante, en este caso las autoridades bolivarianas sí colaboraron con las cubanas y, a los pocos días, fueron deportados. Además, estos tres etarras recibieron la reprimenda de la colonia etarra en Venezuela y Cuba, que cerró filas en torno al Gobierno cubano y tacharon a sus propios compañeros de «intoxicadores».
De ellos, José Ignacio Etxarte Urbieta tiene una causa abierta en España, al estar procesado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, junto a cinco miembros de ETA más y otros seis de las FARC colombianas, por realizar actividades terroristas conjuntas, entre ellas preparativos para atentar contra el presidente colombiano Álvaro Uribe y otros políticos de ese país.
Como se puede ver, estamos ante una cuestión controvertida, pues la falta de cooperación internacional tanto de Cuba como de Venezuela permite que una cifra incierta de terroristas campe a sus anchas sin saldar su deuda con la justicia. Venezuela y su régimen chavista se han convertido en un auténtico santuario etarra. Los etarras esperan caer en el olvido, pero es necesario recordar sus nombres y apoyar campañas como las de DyJ para ayudar a la detención de estos asesinos.
