La Fiscalía Anticorrupción ha planteado serias preocupaciones al juez encargado del «caso Koldo» sobre una posible «incompatibilidad» en la actuación de la Abogacía del Estado. Según la Fiscalía, el conflicto surge al considerar que la Abogacía del Estado podría terminar representando simultáneamente intereses contrapuestos: por un lado, defendiendo al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y por otro, actuando como acusación particular en caso de que se investigue un delito contra la Hacienda pública.
Jesús Manuel Gómez, quien es el número tres del ministro de Transportes, Óscar Puente, fue imputado tras la solicitud de la propia Fiscalía Anticorrupción, una decisión que fue respaldada por el juez instructor del caso, Ismael Moreno. La imputación se produce en el marco de una investigación más amplia sobre una supuesta trama de comisiones ilegales relacionada con la adquisición de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. El principal implicado en esta trama sería Koldo García, exmano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La Fiscalía ha resaltado que, aunque la Abogacía del Estado aún no ha intervenido formalmente en el caso, es crucial advertir sobre la posible incompatibilidad que podría surgir si, en el futuro, asume un doble rol de defensa y acusación. Este conflicto estaría en contravención con la Ley de Asistencia Jurídica del Estado, específicamente su artículo quinto, que prohíbe tal duplicidad de funciones para evitar intereses contrapuestos.
El caso ha tomado relevancia tras la confirmación del Tribunal Supremo de que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar la presunta trama de corrupción. Dicha trama involucra la firma de ocho contratos valorados en más de 51 millones de euros por diversas entidades de la Administración con empresas supuestamente vinculadas a las «mordidas» durante los meses más críticos de la pandemia. Estos contratos fueron gestionados bajo la dirección del Ministerio de Transportes, liderado en ese momento por José Luis Ábalos.
El próximo 9 de septiembre, Jesús Manuel Gómez está previsto que comparezca ante el juez para prestar declaración sobre su presunta implicación en los hechos. Su participación en la trama se confirmó una vez que las investigaciones avanzaron y el caso fue transferido a la Audiencia Nacional, que se encarga de los delitos más graves que afectan al interés público.
Además de la investigación nacional, la Fiscalía Europea ha abierto su propia indagación debido a la posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en contratos específicos realizados en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, los cuales también estarían implicados en la trama de comisiones ilegales.
La advertencia de la Fiscalía Anticorrupción pone de manifiesto las posibles complicaciones legales que podrían surgir en este caso, especialmente si se confirma que la Abogacía del Estado actúa en ambos lados del proceso. Esta situación podría crear un conflicto de intereses que comprometería la imparcialidad y eficacia de la defensa de los intereses públicos en un caso de corrupción tan significativo como el del «caso Koldo».
