El juez cita a altos cargos de Indra, Google y Telefónica en la investigación contra Begoña Gómez por el uso de fondos tecnológicos vinculados a su cátedra en la Complutense
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado como testigos el próximo 28 de mayo a tres figuras clave del sector tecnológico y empresarial: el expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el director de estrategia de Indra, Manuel Ausaverri; y el también expresidente de Indra y ex CEO de Telefónica, Fernando Abril-Martorell.
Estas citaciones, recogidas en una providencia revelada por Europa Press, responden a la solicitud de las acusaciones populares, entre ellas el partido Vox, que pretenden profundizar en el papel que jugaron estas compañías en la inversión del ‘software’ asociado a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por Gómez. La investigación intenta esclarecer si Gómez se habría apropiado de ese desarrollo tecnológico en beneficio propio.
Además, el 14 de mayo, dos semanas antes, el juez ha citado a otros actores relevantes del entorno tecnológico y empresarial: el consejero ejecutivo de Minsait (filial de Indra), Luis Abril; el jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; el vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo; y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.
Las acusaciones argumentan que estos nombres fueron aportados por testigos previos —como Fuencisla Clemares (exdirectora de Google en España y Portugal), Ignacio Mataix y Cristina Ruiz (ambos altos cargos de Indra y Minsait)— y son precisamente quienes habrían estado directamente implicados en la puesta en marcha y la financiación de los trabajos relacionados con el programa dirigido por Gómez.
El objetivo de las citaciones es arrojar luz sobre una posible red de influencias, financiaciones cruzadas y conflictos de interés que podrían poner en entredicho la integridad de la cátedra de Gómez y su vinculación con compañías que han realizado importantes inversiones económicas: Google invirtió 110.000 euros e Indra destinó 128.442 euros al proyecto, según confirmaron ambas tecnológicas al juzgado.
Sin embargo, los ejecutivos que comparecieron anteriormente alegaron desconocer los detalles concretos de las negociaciones y aseguraron no haber participado directamente en la toma de decisiones. Esto ha llevado a las acusaciones a insistir en la necesidad de llamar a los responsables “que sí ejecutaron los trabajos técnicos e institucionales”.
El caso apunta a convertirse en un nuevo foco de presión para el Gobierno, ya que involucra de lleno al entorno empresarial que colaboró con la cátedra de la esposa del presidente
