Imagen: Guardias municipales en Donostia. Sara Santos
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de San Sebastián, dirigido por Eneko Goia (PNV) contra una sentencia sobre el euskera en la Policía Local. Con esto, los jueces vascos ratifican que no es “proporcional” exigir la acreditación del nivel B2 de euskera en las dos plazas de una oferta de empleo público (OPE). El fallo se apoya en la doctrina jurídica avalada por el Supremo establecida al anular una OPE similar en el Ayuntamiento de Irún.
De esta manera, se consolida la estrategia jurídica del abogado Ignacio López Lera, representante jurídico del trabajador que demandó las bases aprobadas en diciembre de 2022. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián anuló estas bases al considerar que vulneraban el derecho fundamental de igualdad.
El TSJPV ratifica la sentencia, aborta el recurso y obliga al Ayuntamiento de San Sebastián a pagar las costas al que le recuerda que en todas sus actuaciones debe actuar de forma «proporcional». Los jueces se apoyan en las sentencias que anularon la convocatoria de 12 plazas de la Policía Municipal de Irún en las que se obligaba conocer el euskera y constatan que en San Sebastián tampoco no se ha probado que era «absolutamente necesario» acreditar el euskera en estas dos plazas de un «proceso de estabilización excepcional» para el subrupo C-1 de la Policía Local.
Todos los funcionarios no tienen que saber euskera
El Tribunal Superior vasco recuerda entre sus argumentaciones el criterio del Constitucional de que «la obligación de conocer el euskera no afecta a todos los empleados públicos» y consolida el criterio de que la garantía de atender en euskera debe ser asumida por cada administración sin convertirse en una exigencia generalizada para optar a un puesto de funcionario en las instituciones vascas.
Además, los jueces vascos advierten que la convocatoria de esta base anulada fue anterior al nuevo decreto aprobado por el Gobierno de Urkullu el pasado mes de febrero de 2024 con el que el PNV intenta frenar la catarata de sentencias contra la imposición del euskera en todas las plazas de funcionarios en Euskadi.
