Imagen: excomisario Villarejo, en una foto de archivo-Europa Press
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado que el excomisario José Manuel Villarejo cometió un delito de cohecho al investigar irregularmente, a principios de 2014 y siendo policía en activo, a una persona en el marco de un conflicto entre Planeta y Kiss FM. El delito de cohecho está siendo uno de los principales puntos de discordia entre el tribunal, que ha juzgado algunas de las múltiples ramas del juicio de Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción, convencida de que el excomisario se valió de su condición policial para emprender investigaciones irregulares a terceras personas.
La sentencia relativa a este conflicto entre ambas empresas fue la primera en la que la sección cuarta ya vio ese delito de cohecho pasivo, por el que impuso tres años y un día de cárcel al excomisario, que se encuentra en libertad al no ser ninguna de sus sentencias firme. Aquella resolución contó con el voto discrepante de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no considera que la conducta de Villarejo entre en este delito, en contra del criterio de la Sala de Apelación, que acaba de avalar la sentencia.
Así, ha desestimado el recurso interpuesto por el acusado y confirmado los tres años de prisión que se le impusieron por haber investigado de forma ilícita, entre enero y junio 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM, el denominado proyecto July.
La resolución, que aún puede impugnarse ante el Tribunal Supremo, rebaja la condena al policía Antonio Giménez a dos años y nueve meses y acredita que Villarejo ofreció sus labores policiales de forma extraoficial, «prometiendo incluso métodos ilícitos», como consultar bases de datos oficiales o retribuir a colaboradores.
Además, considera probado que Villarejo, entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y el otro agente, se reunieron con exdirectivos del grupo Planeta, que resultaron absueltos, para tratar un encargo que buscaba investigar si quien había sido uno de los árbitros designados en un procedimiento arbitral habría podido recibir sobornos a cuenta de tal intervención. Dicha investigación se puso en marcha con el pago anticipado de 48.400 euros, aunque Villarejo llegó a solicitar un millón de euros, lo que supone multiplicar por 300 el sueldo mensual de un comisario.
Villarejo actuó movido por su afán económico
La Sala explica que el cohecho cometido por Villarejo se «perfeccionó» cuando este pidió dinero por llevar a cabo su función pública, como es investigar un delito, de forma extraoficial y dirigiéndose a un posible cliente.
Villarejo era entonces un comisario en activo sin compatibilidad y actuó, según la sentencia, movido por consideraciones lucrativas personales que iban mucho más allá de simples operaciones de mantenimiento y gestión de su conglomerado societario. «Vendía» su tarea policial y dejaba de cumplir así su obligación, «movido por ese lucro, manchando así la función pública que encarnaba».
De esta manera, decidió llevar a cabo actuaciones propias de su cargo al margen de este y de sus superiores “movido por su afán económico, corrompiendo así la función pública que encarna”.
