La jueza ha iniciado una investigación contra el Ministerio del Interior debido a los errores que resultaron en la muerte de los agentes de Barbate, tras descubrir indicios de las penosas condiciones en las que fueron enviados a enfrentarse a seis narcolanchas en el puerto de la localidad gaditana.
A pesar de la abrumadora superioridad numérica de los narcos y la falta de recursos adecuados, las víctimas fueron enviadas a abordar el problema. Por tanto, además de la investigación para encontrar a los responsables de los asesinatos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate ha iniciado diligencias por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska inicialmente se negaba a abrir una investigación interna sobre los sucesos que llevaron a la tragedia, la justicia ha actuado rápidamente para determinar responsabilidades en la cadena de mando del Ministerio del Interior.
Una investigación judicial separado
La investigación judicial, separada de la que trata los asesinatos, examinará las condiciones materiales precarias en las que los guardias civiles tuvieron que actuar, en clara desventaja contra los narcos que los atacaron. La juez indagará no solo si el operativo fue improvisado y desorganizado, sino también si fue imprudente enviar a los agentes a enfrentarse a seis narcolanchas con una embarcación pequeña y escasos recursos.
Los guardias civiles supervivientes han afirmado literalmente durante sus declaraciones que no sabían a qué se enfrentaban ni quién dio la orden de acudir al puerto en esas condiciones. A pesar de la negativa del director general de la Guardia Civil sobre la organización del operativo, se han iniciado investigaciones internas sobre el diseño del mismo.
Las defensas de los arrestados, que están encarcelados por error y solo acusados de contrabando, se preparan para reclamar daños y perjuicios al Estado por su situación, mientras se busca determinar quiénes fueron los responsables reales de las muertes de los agentes.
