El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha advertido este lunes de que le “preocupa muchísimo” que se cuestione la legitimidad del tribunal que preside, tanto desde el ámbito político como —de forma especialmente significativa— desde el propio Tribunal Supremo. Durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, sostuvo que “cuestionar al TC es cuestionar la Constitución” y que, al hacerlo, “se está cuestionando también el sistema democrático”.
Resulta preocupante que sitúe como parte del problema a otro pilar del sistema judicial. Apuntar al Supremo no contribuye a fortalecer la credibilidad de las instituciones, sino que puede proyectar una imagen de desunión que afecta a todo el sistema.
Conde-Pumpido lamentó que se haya superado el ámbito de la crítica jurídica legítima para pasar a una presión más grave: “Los miembros del TC se ven amenazados por la vía penal”, denunció, aludiendo a la proliferación de querellas presentadas por “organizaciones extremistas”. A pesar de ello, reconoció que el Supremo ha actuado con responsabilidad: “En sus últimas resoluciones ha dicho con toda claridad que el delito de prevaricación no puede ser usado contra los magistrados del TC”.
El presidente del Constitucional también expresó que “el TC está solo”, ya que, a diferencia de otros tribunales, “no tiene quien le defienda”. A su juicio, incluso “los mismos poderes del Estado que le han elegido se revuelven contra sus decisiones”. Este tipo de afirmaciones, lejos de calmar los ánimos, contribuyen a la percepción de un ambiente enrarecido dentro de las altas esferas del poder.
Conde-Pumpido defendió igualmente la composición del tribunal, subrayando que sus magistrados son elegidos “libremente” por los tres poderes del Estado y que la diversidad de trayectorias —incluyendo las políticas— no resta imparcialidad, sino que “mejora” el funcionamiento del órgano. También recordó que su propio nombramiento se produjo “por consenso” y no guarda relación con el actual contexto político.
Aunque insistió en que “todas las opiniones están representadas” en el Constitucional y que su imparcialidad “está absolutamente garantizada”, el tono de su intervención deja entrever un desgaste institucional y la habitual tendencia de Pumpido de considerar sus decisiones indiscutibles.
