Joaquín Aguirre, juez del caso Volhov, ha confirmado que no va a amnistiar a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y al resto de implicados en la supuesta trama rusa en el procés.
Así, el juez ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a todas las personas relacionadas con el procés por los delitos de traición, malversación y organización criminal. Hay que recordar que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo pasado la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés porque la había prorrogado sin justificación, pero el juez Aguirre abrió en junio una nueva pieza separada en el caso Volhov en que la apuntó, entre otros, a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y al diputado de Junts Francesc de Dalmases.
Como Puigdemont y Damases son aforados, el juez ha rechazado que se les pueda aplicar la amnistía. Así mismo, ha remitido ahora una exposición razonada al Supremo, adelantada por El Periódico y ABC en la que pide que asuma la investigación por esta causa, por los delitos de malversación, traición y organización criminal.
Aguirre ha dictado el auto un día después de que el juez Manuel García-Castellón archivara la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic al acatar la orden de la Audiencia Nacional que anulaba las últimas prórrogas de la investigación, como sucedió en la pieza del “caso Volhov” sobre las supuestas conexiones en Rusia.
La amnistía no se aplica a la trama rusa
Así, el juez del caso ha justificado que la trama rusa que se encuentra investigando no entra dentro de la ley de amnistía, debido a que esa norma excluye aquellos actos que supusieran una “amenaza real y efectiva” o un “uso efectivo de la fuerza” contra la integridad territorial de España, lo que a su entender ocurrió con el procés. Para Aguirre, la amnistía emplea el concepto de amenaza como un sinónimo de peligro por una “deficiente técnica legislativa”, lo que genera “problemas gravísimos de interpretación sistemática” al analizar ese concepto así, como el de utilización de la fuerza.
Por este motivo, de acuerdo con la interpretación que le ha dado el juez, hay que entender el término amenaza como la “probabilidad alta” de que la traición se llevara a efecto y, a su juicio, poco antes de la declaración de independencia de octubre de 2017, “la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos”.
