El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado que la solicitud del juez al Tribunal Supremo para investigarlo por presunta revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, «no debe impedir ni alterar» el funcionamiento de la Fiscalía ni sus propias funciones.
En un comunicado oficial, García Ortiz respondió a la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, quien ha remitido una exposición razonada al Supremo solicitando que asuma la investigación debido a la implicación del fiscal general. Ortiz ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa con información sobre González Amador.
García Ortiz reiteró que la nota de prensa se emitió «para desmentir un bulo y proteger a un compañero y excelente fiscal, Julián Salto, así como para cumplir con la obligación de la Fiscalía de proporcionar información veraz a la ciudadanía». El escrito aclaraba detalles de la investigación a González Amador por presunto fraude a Hacienda y mencionaba su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su posible condena, desmintiendo así informaciones que señalaban que la oferta de pacto había venido de los fiscales y no del empresario.
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El TSJM ha decidido remitir al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos en relación con el fraude fiscal de González Amador, al encontrar indicios de delito en la actuación de García Ortiz.
El juez instructor, Francisco José Goyena, ha archivado la causa respecto al fiscal Julián Salto y ha decidido continuarla contra la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal general, quien, al ser aforado, solo puede ser investigado por el Supremo.
En su exposición razonada, Goyena recordó que el propio García Ortiz asumió la responsabilidad de haber ordenado la publicación de la nota de prensa con datos sobre González Amador. Dicha escrito detallaba ciertos aspectos de la investigación al empresario y la propuesta de acuerdo con el fiscal Salto, ante informaciones que incorrectamente sugerían que el pacto había sido ofrecido por los fiscales y no por González Amador.
