Maduro celebra su reelección el 28 de julio de 2024 Prensa Miraflores / dpa
Una de las principales organizaciones que participó en la observación de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en Venezuela ha desacreditado todo el proceso. Se trata del Centro Carter, con sede en Atlanta, que ha manifestado este martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrática”. “El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela”, manifestó la institución en un comunicado.
El hecho que la autoridad electoral (CNE) no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral, continúa el comunicado, constituye una grave violación de los principios electorales. “El proceso no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”, añade.
Agregó que, la actualización del registro de electores “se realizó con numerosos inconvenientes”, como “plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”.
El Centro Carter desplegó una misión de 17 personas, 11 en Caracas y seis más distribuidas por Barinas, Maracaibo y Valencia. La ONU también tuvo gente sobre el terreno, aunque su informe no es público y se entrega confidencialmente a su secretario general.
Numerosas irregularidades
El problema –prosigue la nota– “se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero”.
Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos “tampoco se adecuó a estándares internacionales” y, en años recientes, las formaciones opositoras “han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas”.
El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló “con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”.
Asimismo, observó “el abuso de recursos públicos”, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales.
La candidatura oficialista, explicó, “tuvo preponderancia” en la televisión y la radio en publicidad, transmisión de eventos e información y las autoridades “intentaron restringir” las campañas opositoras, “incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios” a políticos antichavistas “para generar un efecto disuasivo”.
