Hace ya muchos años que Venezuela dejó de ser una democracia mínimamente sólida para convertirse en una autocracia socialista donde no se respeta el estado de derecho, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de prensa ni la pluralidad política. Venezuela, por tanto, se ha convertido de facto en una nueva dictadura socialista al servicio de una exclusiva y privilegiada casta de políticos, criminales y militares que nacieron y medraron bajo el chavismo.
Pero este particular proceso no ha sido de un día para otro, sino que se ha ido imponiendo por fases, de forma gradual, desde que Hugo Chávez juró por primera vez el cargo como presidente de la República, allá por 1999. El líder bolivariano fue minando una a una las instituciones y contrapesos del sistema democrático para, finalmente, terminar concentrando casi todo el poder en sus manos.
Y el punto de no retorno para la democracia venezolana llegó justo dos años después de su muerte, en 2015, cuando su sucesor, Nicolás Maduro, perdió las elecciones presidenciales debido a la histórica crisis económica que sufría el país, consecuencia directa del socialismo imperante, pero, lejos de reconocer su derrota, declaró un estado de excepción para mantenerse en el poder.
Investido de poderes extraordinarios, paralizó un referéndum revocatorio impulsado por la oposición para evitar su salida de la Presidencia; ilegalizó la Asamblea Nacional que salió legítimamente de las urnas; reprimió violentamente las protestas de los venezolanos en las calles; encarceló a los líderes opositores, como Leopoldo López, sentenciado a más de 13 años de cárcel; y convocó una Asamblea Constituyente ilegal, una especie de Parlamento paralelo a medida, para seguir legislando y gobernando a placer al margen de los mecanismos democráticos.
Desde entonces, no hay democracia ni libertad en Venezuela. Y prueba de ello es que Maduro se mantiene en la Presidencia a pesar de la contundente derrota cosechada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Sí, los venezolanos, una vez más, votaron a pesar de todas las presiones, amenazas y dificultades que impuso el chavismo a la oposición, pero de nada sirve votar si el régimen no respeta el resultado, tal y como sucedió en 2015, o perpetra un clamoroso fraude para continuar gobernando, como ahora.
Hay quienes piensan que Maduro terminará negociando y abandonando el país, poniendo así punto y final a 25 años de miserable y atroz socialismo, pero, hoy por hoy, es más probable que termine asestando el golpe de gracia a los derechos y libertades de los venezolanos mediante la implantación de una dictadura plena y sin fisuras.
El primer paso hacia tan funesto destino ha sido la culminación del ya citado fraude electoral, dado que el régimen se niega a publicar las actas oficiales de las mesas. El segundo es la brutal represión que está ejerciendo en las calles contra las protestas y manifestaciones de los venezolanos y que, por el momento, se ha saldado con más de 2.400 detenidos y 25 muertos.
El tercer paso es la manipulación informativa para desvirtuar la realidad e imponer el relato oficial del chavismo. Y para eso, precisamente, Maduro ha anunciado la expulsión de ONGs y el cierre de redes sociales como X, WhatsApp, Instagram o TikTok, además de la persecución de la escasa prensa libre que aún queda en pie.
Sin embargo, el golpe final vendrá de la mano de las “leyes antisfascistas”, cuyo proyecto se está tramitando en la Asamblea Nacional. El texto en cuestión establece duras sanciones y penas de cárcel a todos los individuos, grupos, partidos, empresas, organizaciones o medios de cualquier naturaleza e índole que sean calificados como “fascistas” por el Gobierno. ¿Y qué es el “fascismo” según esta ley? Pues cualquier “postura ideológica” cuyos valores y postulados, total o parcialmente, tengan algo que ver con el “conservadurismo” y el “neoliberalismo”. Es decir, cualquier cosa que no sea chavista; cualquier opinión, acción o movimiento que sea calificado como tal por Maduro.
Una vez aprobada, el régimen podrá cerrar y sancionar cualquier red social y medio de comunicación crítico; prohibir las reuniones y manifestaciones públicas que determine; y perseguir a todos los partidos políticos y movimientos sociales que no sean siervos o cómplices de la dictadura.
Adiós democracia, adiós Venezuela.
