Marruecos ha relajado la vigilancia en sus fronteras en los últimos días, permitiendo la entrada de cientos de inmigrantes en Ceuta. Esta actitud del reino alauí ha sido atribuida a la presión migratoria interna que sufre, especialmente debido a la afluencia de migrantes procedentes de Argelia y África Central, como Guinea Conakri y Sudán. Para muchos, Ceuta ha funcionado como una válvula de escape para aliviar dicha presión.
La relajación de los controles fronterizos no es nueva. Se compara con un incidente similar en mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada masiva de inmigrantes tras el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español. Aunque en esta ocasión, la relajación podría estar motivada también por cuestiones internas, la situación ha provocado una alarma considerable en Ceuta.
Los migrantes, en su mayoría procedentes de Argelia, enfrentan una auténtica odisea para llegar a Europa. Debido a la inexistencia de vuelos directos entre Argelia y Marruecos, deben realizar escalas en países como Túnez o Turquía antes de llegar a Tánger, desde donde intentan cruzar a Ceuta. Este cruce, que suelen realizar en la oscuridad de la noche para evitar ser detectados, es extremadamente peligroso y puede durar horas. La madrugada del viernes pasado, 234 personas intentaron llegar a Ceuta nadando, aprovechando la neblina que dificultaba las labores de control de las autoridades españolas.
Insuficiencia y Tensión
A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y la marina marroquí para contener este flujo, la situación sigue siendo crítica. Aunque la marina marroquí colaboró inicialmente en la madrugada del viernes, retirando a personas del agua, pronto detuvo sus operaciones, generando tensiones en la zona. Las fuentes consultadas indican que la mayoría de los migrantes han sido devueltos a Marruecos, excepto los menores y ciudadanos de terceros países, quienes reciben un trato diferente.
El modus operandi de Marruecos incluye el traslado de aquellos que intentan cruzar la frontera en autobuses hacia el sur del país, en lo que parece ser una forma de castigo o destierro. Sin embargo, la situación ha superado la capacidad de las autoridades ceutíes para gestionar la crisis.
La llegada masiva de menores ha dejado a Ceuta en una situación de emergencia. Actualmente, la ciudad autónoma tutela a 406 menores, una cifra que supera en un 360% su capacidad de acogida, fijada en 132 plazas. Esto se traduce en una tasa de cinco menores no acompañados por cada 100,000 habitantes, frente a la media nacional de 0.001.
En este contexto, el presidente Vivas ha enviado una carta al Gobierno español y a las comunidades autónomas solicitando la implementación de un mecanismo ágil y vinculante para trasladar a estos menores a la península. La respuesta del Gobierno ha sido desigual. Mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó desconocer la solicitud de ayuda, Sira Rego, ministra de Juventud y Defensa, se ha comprometido a colaborar tras mantener una conversación telefónica con Vivas.
El Partido Popular (PP) ha vuelto a pedir la declaración de emergencia migratoria en todo el país, en medio del debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería. El Gobierno ha estado trabajando en la creación de un sistema de reparto obligatorio de menores entre las regiones, pero este ha encontrado resistencia en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que se desmarcó del pacto propuesto el pasado julio.
Ceuta insiste en que las fronteras no deben convertirse en «cárceles para inmigrantes», ya sean menores o adultos. La situación en la ciudad autónoma es grave: en lo que va de año, 31,155 personas han llegado a España de forma irregular, un 66.2% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de estas llegadas se han producido por mar, con 29,512 personas en 908 embarcaciones.
Esta crisis migratoria ocurre una década después de la tragedia de El Tarajal, donde 15 migrantes murieron intentando cruzar a nado la frontera marítima con Marruecos. Este trágico evento, junto con otros incidentes como el salto a la valla de Melilla en 2014, en el que 600 subsaharianos intentaron traspasar la frontera terrestre, sigue siendo un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes buscan una vida mejor en Europa.
El Tribunal Supremo archivó en 2022 la causa de El Tarajal, sin apreciar responsabilidades penales. Sin embargo, la memoria de estos eventos sigue viva en la región, agravada por la actual crisis migratoria que pone a Ceuta y a España.
