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La asociación Dignidad y Justicia ha expresado su profundo desacuerdo con la política antiterrorista del Ministerio del Interior, dirigida por Fernando Grande-Marlaska. En una carta enviada al ministro, la organización ha manifestado su rechazo a las recientes acciones del Gobierno en relación con el legado de ETA, denunciando un cambio en la estrategia que consideran perjudicial.
Acusaciones de concesiones a Bildu
En la misiva, señala como ejemplo de este supuesto cambio de rumbo la entrega de un informe a EH Bildu que detalla 19 casos de presuntos abusos policiales no reconocidos ni por la Justicia ni por la Fiscalía. Para la asociación, este gesto constituye una cesión a las «reivindicaciones históricas y perversas» de la banda terrorista y sus herederos políticos.
Relación fría con las víctimas del terrorismo
La asociación también critica la falta de apoyo del Ministerio a las iniciativas promovidas por las víctimas del terrorismo, entre las que se incluyen propuestas de reforma del Código Penal para perseguir los actos de humillación hacia este colectivo. Asimismo, lamentan que el Gobierno no haya respaldado la investigación de los «379 casos sin resolver» de asesinatos relacionados con ETA, una demanda que aseguran ha sido planteada por la Unión Europea.
Decepción por la colaboración con EH Bildu
Además, expresa su decepción por la colaboración del Ministerio con EH Bildu en medidas que, según ellos, buscan equiparar a las víctimas con los terroristas. En su carta, firmada por el presidente Daniel Portero y el vicepresidente Víctor Valentín Cotobal, la asociación advierte que esta reescritura de la historia del terrorismo solo sirve para justificar pactos y discursos que distorsionan la realidad. «El relato no fue ese que el Ministerio está ayudando a rediseñar. La realidad es que unos pusieron las nucas y otros pusieron las balas«, concluyen, recordando que entre las víctimas se encontraba Luis Portero García, padre del presidente de la asociación.
