Imagen obtenida de: Luis Rodriguez (http://profundidad.net)
El nuevo índice de la Ley de Vivienda ha sido una de las medidas más celebradas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Su aplicación en las distintas comunidades es inminente, comenzando por Cataluña el 13 de marzo de este año.
Este índice se aplicará a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y decidan iniciar la regulación de los alquileres, un trámite que comienza con la declaración de zonas tensionadas, algo que, por ahora, solo ha hecho Cataluña.
Por su parte, El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha destacado este jueves que el gobierno de la autonomía madrileña no declarará «ninguna zona tensionada» en la región, al considerar que se está «interviniendo el mercado» y «lo único que conllevaría era que subirán todavía mucho más los precios».
Con estas declaraciones, el Gobierno de Ayuso se desmarca de la Ley de Vivienda y, con ello, del índice de precios que servirían como limitadores de precios en aquellas zonas que se declarasen áreas tensionadas.
La Comunidad de Madrid duda de la eficacia de la medida
Rodrigo ha asegurado que «en ningún caso» aprobará «ningún tipo de zona tensionada de ningún municipio de la Comunidad» y ha vinculado su posición a que «los ejemplos y las prácticas que ha habido a este respecto no han funcionado, han sido fallidos». Con esta declaración, el consejero se refiere a los intentos de limitación de precios en Barcelona, París, Berlín o algunos municipios de Escocia.
Finalmente se ha referido a que el gobierno madrileño ya ha presentado un recurso en contra de la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional porque según el gobierno de Ayuso la mencionada ley fue aprobada por «el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas y los nacionalistas» y ha insistido en el rechazo al considerar que se interviene en el mercado y conllevaría una subida mayor de los precios.
