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Las patronales del sector turístico europeo han expresado su rechazo a la nueva normativa del Gobierno español, que introduce la obligatoriedad de un registro de viajeros. Estas organizaciones alertan sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener en el sector, desde un aumento en los precios vacacionales hasta una disminución del número de turistas, poniendo en riesgo la posición de España como líder en el turismo europeo.
Preocupación ante el aumento de costos y reducción del turismo
A menos de dos semanas de la entrada en vigor del decreto, que establece nuevas obligaciones para la recolección de datos en subsectores del turismo, las principales asociaciones europeas han mostrado su «oposición, alarma y desconcierto». Entre las organizaciones que han firmado una carta dirigida al Gobierno español se encuentran la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (Ruraltour) y Hotrec, que representa a hoteles y restaurantes en la Unión Europea.
Impacto en los precios y cargas administrativas
Los empresarios advierten que la nueva medida traerá un incremento inmediato en los precios de las vacaciones debido a los costos adicionales y la carga administrativa que implicará. Según las patronales, el decreto «impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios», lo que hará más costosos los viajes en un mercado ya de por sí competitivo.
Incompatibilidad con las normativas europeas
Además de las preocupaciones económicas, las asociaciones han criticado la normativa por ser incompatible con las regulaciones de la Unión Europea. Tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han advertido que las medidas de tratamiento masivo de datos personales que impone el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. Las patronales también señalan la «inseguridad jurídica» que crea la normativa, pues muchas pequeñas empresas no podrán cumplir con los requisitos debido a la falta de concreción y claridad en su redacción.
Impacto en la competitividad y el sector turístico
Otro punto clave es la «clara desventaja competitiva» que la nueva ley impondrá a las empresas españolas y europeas. Las patronales sostienen que muchas compañías no tienen la capacidad tecnológica para adaptarse a las exigencias del decreto, lo que aumentará los costes de manera desproporcionada e inasumible para muchas de ellas.
