El Ministerio del Interior ha decidido devolver a Marruecos a diez activistas saharauis con pasaporte marroquí que llevaban días retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras haber solicitado asilo, petición que fue denegada.
Ante esta situación, los activistas decidieron iniciar una huelga de hambre el domingo, en protesta por la negativa de las autoridades españolas a concederles protección internacional.
Según fuentes de Interior, cinco de los diez activistas decidieron poner fin a la huelga y desayunaron este lunes, aunque el resto continúa con la protesta. El Ministerio asegura que el personal sanitario está monitoreando su situación, pero hasta ahora no ha sido necesaria asistencia médica específica.
Los activistas saharauis solicitaron asilo alegando motivos que no han sido revelados debido a la protección de datos manejada por la Oficina de Asilo y Refugio. A pesar de esto, el Gobierno español ha decidido proceder con su devolución a Marruecos, en línea con la legislación vigente.
Esta decisión ha generado malestar entre los familiares de los activistas, quienes se manifestaron el sábado frente al Ministerio del Interior, denunciando las pésimas condiciones en las que se encuentran sus allegados en la sala de asilados del aeropuerto. Según los manifestantes, los activistas han estado expuestos a falta de higiene, picaduras de chinches, y han estado recibiendo la misma comida durante 20 días sin acceso a luz solar.
El aeropuerto de Madrid-Barajas acoge actualmente a 57 ciudadanos marroquíes en su sala de asilo, lo que agrava la situación y aumenta las críticas sobre las condiciones en las que se encuentran estas personas.
Ábalos señala al ministro del Interior como partícipe del caso Koldo
Por otro lado, el exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto, ha solicitado explicaciones al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la auditoría encargada sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.
Ábalos critica que dicha auditoría haya sido realizada por la misma persona que ejecutó los contratos, lo que plantea un conflicto de intereses al actuar como “juez y parte”. En un escrito de 13 páginas, Ábalos presenta hasta 23 preguntas dirigidas al Gobierno, poniendo en duda la transparencia y legitimidad de este proceso.
El exministro también cuestiona la actuación del Ministerio del Interior en este caso y acusa a Transportes de vulnerar la “tutela judicial efectiva” al haber entrevistado a las personas investigadas sin que la acción fuera requerida por el juez. Ábalos sostiene que esta auditoría busca “enmendar” la fiscalización ya realizada por el Tribunal de Cuentas, el cual no encontró irregularidades en los contratos.
El diputado advierte que esta revisión administrativa es más estricta que la del propio fiscalizador y critica que se valoren decisiones políticas sin conocer los criterios bajo los cuales se seleccionaron proveedores en un contexto de emergencia sanitaria.
